El primer semestre de 2024 presentó un resultado financiero sin precedentes para el sector público nacional (SPN), con un ajuste fiscal de 5,6 puntos del PIB, el más significativo de los últimos 64 años.
Este hito, que fue destacado en un informe del Instituto IERAL de la Fundación Mediterránea, se logró principalmente a través de drásticos recortes en el gasto público, despertando cuestionamientos sobre su sostenibilidad y el impacto social de estas medidas.
El estudio del IERAL subraya que "si sólo se consideran mejoras en el resultado financiero superiores al 1% del PIB, se han registrado apenas 8 casos en seis décadas y media." Encabeza esta lista el ajuste del primer semestre de 2024, seguido por la reestructuración fiscal de 1985 bajo el Plan Austral, que mejoró el resultado en 4,6 puntos del PIB. Otros ajustes notables incluyen los de 2003 (1,8 puntos), 2002 (1,7), 1977 (1,7), 1967 (1,5), 1984 (1,4) y 1991 (1,0).
Lo que diferencia al ajuste de 2024 es su dependencia exclusiva de la reducción del gasto público. En contraste, el Plan Austral de 1985 logró sus mejoras principalmente a través del aumento de los ingresos (+6,2% del PIB), a pesar de un incremento en el gasto de 1,6 puntos del PIB. Esta estrategia actual, sin embargo, ha sido criticada por su enfoque en la austeridad, sacrificando áreas sensibles como las transferencias, las inversiones públicas y los subsidios.
El informe destaca que "en 2024, el ajuste de 5,4 puntos del PIB en el gasto se explica por una reducción significativa en las transferencias (jubilaciones, subsidios por tarifas, transferencias corrientes a provincias, etc.), con un impacto de 3,7 puntos del PIB, seguido por una disminución en el gasto de capital (1,4) y en el gasto en personal (0,3)". Estos recortes han generado preocupación por el efecto que podrían tener en los sectores más vulnerables de la población.
En junio, el resultado fiscal mostró un superávit primario del 0,08% del PIB y un superávit financiero del 0,04%, con un primer semestre que culminó con superávits primario y financiero de 1,2% y 0,4% del PIB, respectivamente. Según el IERAL, esto se logró a pesar de una caída anual del 35% en el gasto, contrastando con una disminución del 5% en los ingresos totales, ambos en valores constantes.
Los recortes más drásticos se observaron en las transferencias a provincias (-98% en capital y -74% en corrientes), en la inversión pública (-71%), en los subsidios económicos (-43%) y en las jubilaciones (-27%). Estos ajustes han sido motivo de preocupación, ya que afectan directamente a las provincias y a los sectores más necesitados, quienes podrían enfrentar mayores dificultades en un contexto económico ya de por sí complejo.
El IERAL también destacó que el ajuste del gasto primario comenzó fuerte en enero con una reducción del 39% anual, desacelerándose hasta abril, pero volviendo a intensificarse en mayo y junio, cerrando el semestre con una caída del 35%. Mientras tanto, los recortes en el gasto en personal, jubilaciones y capital se han desacelerado, en tanto que los ajustes en otros gastos de funcionamiento, transferencias a universidades y subsidios a energía y transporte han aumentado en los últimos meses.
Este escenario plantea un debate crucial: ¿Es este ajuste un avance necesario hacia la estabilidad financiera, o un camino peligroso que sacrifica el bienestar social en nombre de la austeridad? Las decisiones tomadas en los próximos meses serán fundamentales para definir el rumbo económico y social del país.
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