Un operativo encabezado por la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz terminó con el secuestro de material digital de relevancia en una causa por suplantación de identidad, un delito que viene en ascenso en la provincia.
El procedimiento se realizó en horas de la tarde en un domicilio de la calle Rosario Vera Peñaloza al 1600, con intervención del Juzgado de Primera Instancia de la Familia N°2, a cargo del Dr. Antonio F. Andrade, bajo la órbita de la Secretaría de Violencia Doméstica.
La investigación se inició tras una denuncia por uso indebido de identidad en entornos digitales, y derivó en la solicitud judicial de un allanamiento con fines probatorios. El mismo dio resultados positivos y fue ejecutado con colaboración de la División Investigaciones Río Gallegos y la División Enlace y Cooperación contra el Delito Internacional.
De lo virtual a lo tangible: la ruta digital del delito
El operativo comenzó a las 16:50 hs y tuvo como objetivo principal el secuestro de dispositivos tecnológicos presuntamente utilizados en la maniobra delictiva. Según confirmaron fuentes policiales, se incautaron los siguientes elementos:
- Una notebook
- Tres tablets
- Varios teléfonos celulares
- Tarjetas SIM
- Dispositivos de almacenamiento
- Un router con capacidad de red extendida
Todo el material será peritado por técnicos informáticos de la División Cibercrimen para analizar rastros de actividad digital, accesos a cuentas, historial de navegación y aplicaciones utilizadas.
El sospechoso quedó a disposición de la Justicia
El allanamiento finalizó a las 19:00 hs, tras una inspección detallada en todos los ambientes del domicilio. El implicado —cuya identidad no fue revelada— quedó en libertad bajo compromiso, habiendo establecido domicilio conforme a lo dispuesto por la Secretaría de turno. Continúa a disposición de la Magistratura, que definirá su situación procesal una vez finalizados los peritajes.
Aunque en principio el caso se tramita en el fuero de familia, las pruebas recolectadas podrían derivar en actuaciones penales si se confirma la comisión de delitos informáticos tipificados por la Ley 26.388.
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