ADOSAC y AMET reclamaron recomposición salarial, devolución de descuentos y respuestas laborales concretas, mientras el Ejecutivo evitó asumir compromisos.
La paritaria docente en Santa Cruz volvió a cerrarse sin una oferta salarial concreta del Gobierno provincial, en un escenario de creciente tensión entre el Ejecutivo y los gremios. Después de cinco meses sin convocatoria, ADOSAC calificó la reunión como una “mera maniobra dilatoria” y cuestionó que no se hayan presentado respuestas sobre los puntos centrales del conflicto.
El Poder Ejecutivo sostuvo durante el encuentro que la situación económica y financiera de la provincia es “compleja” y planteó que sería irresponsable asumir compromisos que luego no puedan sostenerse. Ante el reclamo gremial por una recomposición salarial, no llevó una propuesta formal y se limitó a señalar que “se evaluarán las herramientas para dar una propuesta”.
La respuesta no conformó a los representantes docentes. ADOSAC afirmó que la convocatoria careció de contenido real porque no incluyó una oferta salarial ni soluciones laborales concretas. Además, reclamó la devolución de los días descontados por medidas de fuerza y cuestionó que esas quitas se hayan aplicado en plena conciliación obligatoria.
Uno de los puntos más sensibles fue la distancia entre los salarios docentes y el costo de vida. Según expuso ADOSAC, un docente que recién inicia percibe alrededor de $1.276.000, mientras que la canasta básica supera los $2.000.000 de acuerdo con ATE-INDEC y ronda los $1.900.000 según la Universidad San Juan Bosco. Con esos datos, el gremio sostuvo que buena parte de la docencia se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
En ese marco, ADOSAC insistió con tres reclamos centrales: recomposición salarial, cláusula gatillo y devolución de los días caídos. Para el sindicato, cualquier discusión que no contemple esos puntos resulta insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo y al deterioro de las condiciones laborales.
AMET también llevó una agenda amplia de demandas. El gremio planteó la necesidad de recomponer salarios, pagar el segundo cargo, devolver los descuentos aplicados, restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente, avanzar con titularizaciones y regularizar capacitaciones adeudadas. Además, reclamó respuestas sobre condiciones edilicias, cargos pendientes y problemáticas específicas de las escuelas técnicas.
El Consejo Provincial de Educación defendió su postura, pero evitó compromisos concretos. Según lo planteado en la mesa, algunas cuestiones se encuentran en revisión, otras siguen “en proceso” y varios reclamos serán evaluados caso por caso. También indicó que los resguardos docentes se mantienen hasta la finalización del ciclo lectivo.
Esa modalidad de respuesta fue leída por los gremios como una falta de definición política. Las organizaciones docentes consideran que la provincia ya conoce el diagnóstico salarial, laboral e institucional, y que la paritaria debe ser el ámbito para resolver, no para postergar nuevamente las decisiones.
Otro punto delicado fue el cuestionamiento a la representación oficial en la mesa. ADOSAC exigió que se cumpla el artículo 3 de la Ley Nacional 23.929 y el artículo 4 de la Ley Provincial 2986, que establecen la presencia de representantes del Ejecutivo con rango no menor a subsecretario. También recordó que los acuerdos deben ser firmados por la máxima autoridad educativa, que no estuvo presente en la reunión.
El planteo abre una discusión institucional sobre la validez y jerarquía de la negociación. Para el gremio, una paritaria sin autoridades con capacidad plena de decisión vacía de contenido el diálogo y convierte la instancia en un trámite sin poder resolutivo.
La reunión dejó, entonces, más tensión que avances. El Gobierno pidió tiempo y apeló a la prudencia fiscal. Los gremios respondieron con datos sobre pobreza salarial, reclamos acumulados y advertencias sobre la falta de respuestas después de meses de espera.
La paritaria docente queda abierta, pero sin señales claras de resolución inmediata. En una provincia atravesada por conflictos salariales en distintos sectores del Estado, el malestar educativo suma un nuevo capítulo: docentes que afirman no llegar a cubrir la canasta básica, descuentos cuestionados, demandas laborales pendientes y un Ejecutivo que, por ahora, no puso una oferta concreta sobre la mesa.