La causa Adorni sigue sumando datos escandalosos. Ahora el fiscal Gerardo Pollicita busca determinar quién pagó una compra de más de $8 millones en Rosen The Store y cuál fue el domicilio de entrega.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, sumó un nuevo capítulo de alto voltaje político y judicial. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba para reconstruir gastos, reformas, compras y movimientos patrimoniales vinculados al funcionario y su entorno.
El nuevo dato sensible surgió del análisis del celular de Matías Tabar, el contratista que declaró haber realizado refacciones en una propiedad de Adorni y haber cobrado alrededor de 245.000 dólares por esos trabajos. Según publicó El Disenso, entre los elementos detectados en el peritaje aparece una factura de junio de 2025 emitida por Rosen The Store, firma dedicada a colchones y muebles de alta gama, por un total de $8.183.303,25.
La compra figura a nombre de Gisela Kocsis. A partir de ese hallazgo, Pollicita habría librado un oficio a la empresa para determinar quién pagó la operación, cuál fue el medio de pago y, especialmente, cuál fue el domicilio de entrega de los productos.
Ese último dato puede resultar clave para la causa. La Justicia busca establecer si los bienes facturados terminaron o no en alguna propiedad vinculada al jefe de Gabinete o a su entorno familiar.
El punto político más delicado es la identidad de la persona que aparece en la factura. De acuerdo con la investigación publicada por El Disenso, Gisela Kocsis sería empleada de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tendría vínculo laboral directo con el área conducida por Adorni.
Si ese vínculo se confirma formalmente en el expediente, la causa podría ingresar en una zona mucho más sensible: ya no solo se trataría de verificar gastos privados, reformas y declaraciones juradas, sino de determinar si personas del entorno laboral del funcionario pudieron haber intervenido en compras o movimientos cuyo destino final aún debe ser esclarecido.
Por ahora, la investigación no prueba que la compra haya sido realizada por Adorni ni que los bienes hayan sido entregados en una propiedad suya. Lo que sí aparece como dato judicialmente relevante es que la fiscalía busca reconstruir la trazabilidad completa de la operación: quién compró, quién pagó, cómo se pagó y dónde se entregó.
La factura se suma a otras medidas que apuntan al mismo objetivo. Pollicita también solicitó información a la administración del barrio privado Indio Cuá Golf Club sobre ingresos y egresos de contratistas, proveedores, transportistas y empresas de entrega vinculadas al Lote 380, propiedad atribuida a Adorni, entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
Ese período coincide con las refacciones investigadas y con el lapso en el que habrían circulado comprobantes y documentación vinculada a compras para equipamiento o acondicionamiento de inmuebles.
La causa ya venía bajo presión luego de que Tabar declarara haber cobrado cerca de 245.000 dólares en efectivo por obras realizadas en una vivienda del funcionario. La Justicia extrajo el contenido completo de su celular y analiza conversaciones, presupuestos, comprobantes, contactos y posibles registros de pagos.
Según TN, los investigadores ya cuentan con todo el material descargado del teléfono de Tabar y trabajan sobre documentación relacionada con compras y facturas. Ese análisis forma parte de las medidas orientadas a determinar si el nivel de gastos atribuido al funcionario resulta compatible con sus ingresos y declaraciones patrimoniales.
El caso golpea en un punto particularmente sensible para el Gobierno nacional. Adorni fue durante buena parte de la gestión una de las voces públicas más duras contra la política tradicional, el gasto estatal y los privilegios. Ahora, la investigación avanza sobre su propio patrimonio, el origen de los fondos utilizados para propiedades y refacciones, y la posible participación de personas de su entorno.
En paralelo, el funcionario y su esposa quedaron bajo la lupa por rectificaciones patrimoniales y por su adhesión al régimen fiscal previsto en la llamada Ley de Inocencia Fiscal. Adorni sostuvo públicamente que puede justificar su patrimonio y que parte de sus fondos provienen de ahorros no declarados previamente, vinculados a inversiones anteriores a su paso por el Gobierno.
Sin embargo, la investigación judicial continúa abierta. El fiscal busca establecer si las explicaciones patrimoniales alcanzan para justificar el volumen de gastos, compras y refacciones detectadas en los últimos meses.
La aparición de una factura millonaria a nombre de una persona señalada como empleada de la Jefatura de Gabinete agrega una pregunta incómoda: si los bienes fueron comprados para uso personal de esa persona, la causa podría cerrar esa línea de investigación. Pero si la entrega o el pago conducen hacia propiedades o intereses del funcionario, el expediente entraría en una dimensión política e institucional mucho más grave.
La diferencia es determinante. En una investigación por enriquecimiento ilícito, no alcanza con mirar lo que figura formalmente a nombre del funcionario. También se analiza si existieron terceros, allegados, familiares, colaboradores o personas interpuestas que pudieron intervenir en operaciones destinadas a ocultar, canalizar o disimular gastos.
Por eso, el domicilio de entrega, el origen del pago y el vínculo real entre los actores involucrados son datos centrales.
La causa Adorni ya no gira únicamente alrededor de declaraciones juradas. Ahora también avanza sobre circuitos de consumo, refacciones, facturas, proveedores y posibles conexiones dentro del propio entorno de la Casa Rosada.
La Justicia deberá determinar si se trata de operaciones explicables dentro de la vida privada de terceros o si existe un patrón de gastos no declarados alrededor del jefe de Gabinete. Hasta que eso ocurra, el dato político queda instalado: una factura millonaria de muebles de alta gama apareció en el celular del contratista investigado y la fiscalía quiere saber si esos bienes terminaron cerca del poder.