El jefe de Gabinete y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias en medio de una causa judicial que analiza posibles inconsistencias entre ingresos, bienes y gastos.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la Ley 27.799, conocida públicamente como Ley de Inocencia Fiscal, en medio de la investigación judicial que analiza posibles inconsistencias entre los ingresos declarados del funcionario y el crecimiento de su patrimonio.
La decisión abre un frente político sensible para el Gobierno nacional. Adorni fue uno de los defensores públicos del esquema que ahora utiliza, al presentarlo como una herramienta para que los argentinos puedan disponer de su dinero sin quedar atrapados en controles estatales excesivos. Sin embargo, su adhesión ocurre en un momento particularmente delicado: la Justicia federal investiga el origen de fondos vinculados a propiedades, refacciones, deudas y operaciones patrimoniales del funcionario y su entorno familiar.
Según registros informados por medios nacionales, Angeletti se incorporó al régimen el 31 de mayo y Adorni adoptó luego la misma estrategia impositiva. Desde el entorno del jefe de Gabinete niegan que se trate de un blanqueo de dólares o de una exteriorización de dinero no declarado. Sostienen que el trámite apunta a simplificar la presentación del impuesto a las Ganancias y acelerar la declaración jurada.
Pero el punto político y judicial no está únicamente en la formalidad tributaria. El Régimen Simplificado de Ganancias permite que ARCA calcule el impuesto a pagar sobre la base de la información disponible y, una vez abonado, limita futuras revisiones fiscales sobre ese período, salvo que aparezcan omisiones o inconsistencias relevantes. También reduce el nivel de información que debe entregar el contribuyente respecto de consumos personales y origen de determinados fondos.
En cualquier ciudadano, la adhesión podría ser leída como una decisión fiscal dentro de la ley. En un alto funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el mismo movimiento adquiere otra dimensión pública. La pregunta ya no es solo si el trámite es legal, sino si resulta políticamente aceptable que un integrante central del Gobierno recurra a un régimen de alivio fiscal mientras debe explicar ante la Justicia el origen de su patrimonio.
La causa judicial tiene varios frentes abiertos. Uno de los datos más fuertes surgió a partir de la declaración del contratista Matías Tabar, quien afirmó haber realizado refacciones en una vivienda vinculada al matrimonio y haber cobrado alrededor de 245.000 dólares por esos trabajos. El contratista también aportó su teléfono celular para que se realicen peritajes sobre las comunicaciones mantenidas en torno a las obras.
La investigación apunta a determinar si los ingresos declarados por Adorni resultan compatibles con los gastos, bienes, deudas y movimientos patrimoniales registrados durante los últimos años. En ese marco, el fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo avanzan sobre documentación fiscal, patrimonial y bancaria que podría resultar clave para establecer si hubo o no inconsistencias.
Además, Lijo concentra otras actuaciones vinculadas al entorno del funcionario, entre ellas una causa relacionada con contratos entre la TV Pública y la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandio. Esa línea de investigación busca determinar si existieron irregularidades, dádivas o incompatibilidades en la relación entre intereses privados, contrataciones estatales y funcionarios públicos.
El caso expone una tensión de fondo para el oficialismo. Mientras el Gobierno sostiene un discurso de austeridad, transparencia y control del gasto público, uno de sus principales voceros políticos debe explicar movimientos patrimoniales de alto impacto económico. La adhesión al régimen de inocencia fiscal no lo exime de la investigación penal, pero sí agrega una capa de sospecha política sobre la oportunidad y conveniencia de la decisión.
Adorni rechazó las acusaciones y aseguró públicamente que el origen de su patrimonio es lícito. También prometió que las dudas serán despejadas con la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, mientras esa documentación no sea presentada y evaluada, el expediente seguirá girando alrededor de una pregunta central: si los bienes, gastos y deudas del jefe de Gabinete pueden ser justificados con sus ingresos declarados.
La discusión no es menor. La Ley de Inocencia Fiscal fue presentada por el Gobierno como una herramienta para normalizar situaciones tributarias y reducir la persecución sobre los contribuyentes. Pero cuando quien se acoge al beneficio es un funcionario de primera línea investigado por su patrimonio, el debate cambia de escala. Lo que para un ciudadano puede ser una ventana fiscal, para un funcionario público puede convertirse en un problema de confianza institucional.
En este caso, la legalidad del trámite no alcanza para cerrar la discusión. La cuestión de fondo es política, ética y judicial: un funcionario que administra poder público no solo debe cumplir la ley, también debe poder explicar con claridad el origen de sus bienes. Y esa explicación, en el caso Adorni, todavía está bajo investigación.