El asesor presidencial Santiago Caputo sigue consolidando su rol de jefe de Gabinete en la sombra. Este martes, en su despacho del primer piso de la Casa Rosada, encabezó una reunión clave con Patricia Bullrich, el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y otros funcionarios de alto rango.
El objetivo: diseñar un operativo de control total ante la marcha de jubilados prevista para este miércoles.
Blindaje y control: la estrategia oficial
El cónclave duró una hora y media y giró en torno a tres pilares: inteligencia previa, control de accesos y presión sobre la Justicia. El antecedente inmediato es la protesta del miércoles pasado, donde hubo más de 100 detenidos y un fotógrafo gravemente herido por la represión.
Fuentes oficiales indicaron que la SIDE ya trazó un mapa de accesos a la Ciudad de Buenos Aires, con especial monitoreo sobre colectivos y trenes que ingresen desde el Conurbano, en particular desde La Matanza y Lomas de Zamora. La orden es actuar antes de que los focos de conflicto lleguen al centro porteño.
Bullrich dejó claro que el despliegue debía corregir errores, pero sin retroceder en la línea de "orden y autoridad". Lo anticipó en conferencia de prensa:
"Me gustaría que hablen de la violencia de los manifestantes, no de la respuesta de las fuerzas de seguridad", dijo la ministra, marcando la narrativa oficial.
El operativo incluirá una "zona estéril" alrededor del Congreso y más de mil efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA. También se sumará la Policía de la Ciudad, con el vice de Justicia, Sebastián Amerio, como enlace para garantizar que los arrestos no sean en vano.
Una justicia coercionada
Uno de los puntos más ásperos de la reunión fue la respuesta judicial ante las detenciones. En la Casa Rosada enfureció la liberación masiva de los arrestados en la protesta anterior. El foco de las críticas es la jueza Karina Andrade, a quien acusan de ser "blanda" con los manifestantes.
El mensaje del Gobierno es claro: esta vez los arrestos deben sostenerse y los jueces no pueden "bajar la guardia". Amerio, hombre de confianza de Caputo, se encargó de reforzar este punto.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, fue más directo: "Si es una marcha pacífica, no habrá problemas. Pero si hay violencia, será reprimida."
La advertencia no solo apunta a los manifestantes, sino también a los jueces.
Un Gobierno que se juega el control de la calle
El oficialismo no oculta su preocupación. Milei y su círculo íntimo leen cada manifestación como un test de gobernabilidad. En privado, deslizan que hay una intención deliberada de generar caos para desgastar su gestión.
El operativo de este miércoles será una prueba de fuego. Lo que ocurra en las calles definirá si el Gobierno logra imponer su autoridad o si, por el contrario, las protestas se convierten en un punto de inflexión en la disputa por el poder real.
Mientras tanto, Santiago Caputo sigue en su despacho, ajustando los últimos detalles del plan. La verdadera batalla, parece que aún no comenzó.
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