Un feroz acto de vandalismo institucional se consumó este martes en la entrada de Río Gallegos. La escultura dedicada al periodista, historiador y militante de derechos humanos Osvaldo Bayer fue destruida y retirada del lugar que ocupaba desde el 24 de marzo de 2023.
Las tareas fueron ejecutadas por personal de Vialidad Nacional, bajo instrucción del Gobierno Nacional, sin previo aviso a las autoridades municipales.
El monumento, erigido en conmemoración del Día de la Memoria, no era un simple homenaje artístico: representaba un símbolo de justicia histórica. Bayer fue quien puso sobre la mesa las atrocidades cometidas durante las Huelgas Patagónicas de 1921, donde el Ejército Argentino fusiló a más de 1.500 trabajadores rurales. Su obra La Patagonia Rebelde fue prohibida por la dictadura, y él mismo debió exiliarse en Alemania para salvar su vida.
La remoción de la escultura no fue casual. Sectores libertarios salieron rápidamente a celebrar la acción, calificándola de "limpieza del adoctrinamiento kirchnerista". Una frase que, más que marcar una postura ideológica, revela un intento por tachar de la historia cualquier símbolo incómodo para el nuevo oficialismo nacional.
Respuesta inmediata del intendente
Pocas horas después de consumado el hecho, el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, utilizó sus redes sociales para denunciar lo ocurrido. En un mensaje breve pero contundente, escribió:
PATAGONIA REBELDE
“Ante este intento del Gobierno Nacional de borrar la historia de los santacruceños y de los patagónicos, hemos tomado la decisión de restituir el monumento a Osvaldo Bayer y la Patagonia Rebelde. Porque somos rebeldes por naturaleza”.
El texto fue acompañado por una foto del monumento y una bandera argentina flameando en el fondo. La publicación tuvo un fuerte eco en redes sociales, donde distintas organizaciones de derechos humanos, sindicatos y referentes de la cultura expresaron su repudio.
Vandalismo desde el Estado
La decisión de remover la escultura sin consulta ni justificación formal configura, a ojos de muchos especialistas, un acto de censura disfrazado de gestión administrativa. Sumado a el dato no es menor: la remoción se dio justo un día antes de una nueva marcha por el 24 de marzo, en un contexto nacional cada vez más agresivo hacia las políticas de memoria, verdad y justicia. La orden, según pudo reconstruir este medio, provino directamente de la jefatura nacional de Vialidad, alineada con el Ministerio de Infraestructura.
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