El conflicto por la destrucción del monumento en homenaje a Osvaldo Bayer y a los más de 1.500 obreros fusilados en las huelgas patagónicas de 1920 escaló a otro nivel.
Este viernes, el secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, Gonzalo Chute, formalizó una denuncia penal contra el ingeniero Paulo Croppi, jefe del Distrito 23 de Vialidad Nacional en Santa Cruz.
La denuncia, presentada en sede judicial, se fundamenta en los delitos de daño agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, infracciones que, de confirmarse, podrían derivar en penas de hasta seis años de prisión. Se trata del primer avance judicial concreto en torno a un hecho que conmocionó a gran parte de la comunidad santacruceña, por su carga simbólica y por la fecha elegida: el 25 de marzo, un día después del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
"Borrar la memoria es violentar la identidad"
En declaraciones públicas, Chute fue contundente:
“Es un hecho lamentable. Vialidad Nacional decidió destruir un monumento a la memoria. No solo representaba a Bayer, sino que conmemoraba a los más de 1.500 obreros fusilados en las huelgas del 20. Creemos que esto es parte de una política de negación”.
El secretario no esquivó la dimensión política del hecho. Cuestionó al Gobierno Nacional por su discurso negacionista y pidió, además, que el funcionario involucrado renuncie a su cargo.
“Creo que sería un buen gesto que Croppi renuncie. Es un intento de borrar la historia, de negar lo ocurrido. Y eso es inadmisible. Como sociedad merecemos una política seria de memoria, verdad y justicia”.
Daño agravado y violación de deberes: ¿qué dice la Justicia?
La figura de daño agravado aplica cuando se destruye un bien de interés público, cultural o simbólico, lo que podría incluir obras de arte, monumentos históricos o piezas conmemorativas. A esto se suma el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que en este caso se argumenta por haber actuado sin autorización ni procedimiento administrativo habilitante.
La escultura destruida había sido inaugurada en 2023, como parte de una acción de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, y tenía un claro objetivo pedagógico y conmemorativo: visibilizar el proceso histórico de las huelgas obreras y el rol de Osvaldo Bayer en su reconstrucción.
El silencio del Gobierno Nacional y la reacción social
Hasta ahora, no hubo explicaciones oficiales por parte de Vialidad Nacional, ni del Gobierno de Javier Milei. El repudio social, en cambio, fue transversal y mayoritario. Desde el ámbito educativo, cultural, gremial y político se multiplicaron los reclamos de restitución y sanción a los responsables.
Chute destacó esa reacción:
“Salvo un grupo muy reducido, nadie está a favor de este hecho tremendo. Esto va más allá de la ideología. Hablamos de nuestra identidad. Somos santacruceños, somos rebeldes. Y eso tiene que respetarse”.
Un símbolo derribado, una denuncia que busca reparación
La denuncia contra Croppi es, además de un paso legal, una respuesta política clara desde el Municipio: no se trata solo de una escultura, sino de una batalla por el derecho a recordar, a nombrar, a sostener la memoria popular frente al intento de vaciamiento simbólico del Estado.
Chute lo resumió así:
“No podemos construir un futuro sin recordar el pasado, especialmente cuando desde el poder se pretende minimizar hechos como los del 24 de marzo o las masacres de las huelgas patagónicas. Este acto fue violencia simbólica, y debe ser reparado”.
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