Mientras en Buenos Aires el gobernador Claudio Vidal baja línea para que sus senadores voten a favor del proyecto de Ficha Limpia, en Santa Cruz sostiene —con la misma firmeza— a un legislador imputado y procesado por abuso sexual, que además encabeza su bloque en la Legislatura provincial.
La doble moral no necesita demasiadas explicaciones cuando los hechos son tan claros.
En Nación, se muestra como defensor de la transparencia electoral; en su provincia, blinda con fueros a un dirigente acusado de uno de los delitos más graves que puede enfrentar un funcionario público.
La justicia santacruceña, incluso, ya envió un pedido de desafuero, pero la respuesta del oficialismo provincial fue el silencio institucional y el respaldo explícito a través de la jefatura del bloque. Ni una palabra. Ni una renuncia. Ni siquiera un gesto.
¿Ficha limpia para los otros?
El proyecto que se discute en el Congreso apunta a impedir que personas con condena penal accedan a cargos electivos. El espíritu es claro: preservar la integridad del sistema democrático. Pero el problema no es la ley. El problema es el cinismo con que algunos la promueven mientras hacen todo lo contrario en sus territorios.
En la práctica, Claudio Vidal no solo no exige el desafuero del legislador en cuestión, sino que lo premia con visibilidad y poder político, convirtiéndolo en vocero de su proyecto en la Cámara.
Si la Ficha Limpia es una bandera de coherencia, en Santa Cruz está manchada.
El marketing no reemplaza la ética
Es evidente que el apoyo a Ficha Limpia en el Senado busca capitalizar el clima antipolítico que Milei instaló como estrategia electoral. La narrativa de “limpiar la política” sirve como consigna vacía cuando no hay voluntad real de aplicar esos principios puertas adentro.
Gobernar es más que postear slogans en redes sociales o dar discursos moralistas en Buenos Aires. Gobernar también es hacerse cargo de los que se elige como aliados.
La protección política a personas imputadas por delitos sexuales no es un error administrativo ni un tecnicismo judicial. Es una decisión. Y como tal, tiene consecuencias.
¿Y el peronismo? ¿Y los bloques opositores?
Lo más llamativo es el silencio generalizado. Salvo algunos sectores con voz propia, ni el peronismo residual ni los bloques dialoguistas se animan a romper el blindaje. Tal vez por cálculo. Tal vez por miedo. Tal vez por comodidad.
Pero lo cierto es que una provincia que mira para otro lado ante el abuso no tiene futuro. No hay gobernabilidad que se construya sobre el encubrimiento. Ni hay ficha limpia posible cuando la mugre se barre debajo de la alfombra partidaria.
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