Esta semana, padres de estudiantes en Estados Unidos presentaron una demanda colectiva en el Tribunal de Distrito de San Francisco contra el gigante digital, acusándolo de utilizar productos educativos en escuelas públicas para recolectar, rastrear y explotar datos de menores, sin consentimiento informado.
La denuncia, respaldada por familias de California, Oregón y Arizona, sostiene que la empresa con sede en Mountain View integra tecnologías de seguimiento ocultas en su suite educativa “Workspace for Education”, utilizada por aproximadamente el 70% de las escuelas estadounidenses, incluidas varias del Área de la Bahía, como Berryessa Union, Berkeley Unified y Pleasanton Unified.
Según el documento legal, Google genera una “huella digital” individualizada de cada estudiante, con el objetivo de construir perfiles detallados que son luego utilizados para desarrollar y comercializar productos educativos con alto valor económico. Todo esto, aseguran los demandantes, sin transparencia ni opción de exclusión para las familias.
“Google puede rastrear a los niños dondequiera que vayan, incluso en sus propios hogares”, señala la demanda presentada por los representantes legales de cuatro menores.
Datos escolares que se transforman en negocio
Entre los productos utilizados se encuentran Gmail, Drive, Chat, Documentos, Tareas, Grupos y Gemini AI, todos integrados al ecosistema educativo bajo la promesa de mejorar el rendimiento escolar. Pero los padres afirman que estos servicios recogen nombres, ubicaciones, contactos, correos electrónicos, historial de navegación, contenidos creados y vínculos accedidos por los estudiantes, incluso fuera del horario escolar.
La presentación judicial denuncia que esta “dataficación de la infancia” se utiliza para desarrollar herramientas que permiten predecir comportamientos, clasificar a estudiantes, y adaptar currículos. Según la demanda, este uso de los datos con fines comerciales desempodera a los estudiantes, deteriora la experiencia educativa y lesiona derechos fundamentales, como la privacidad y la autonomía.
El documento también advierte sobre un efecto colateral no menor: si los estudiantes acceden a los servicios desde dispositivos familiares, Google podría estar recolectando información sensible sobre otros miembros del hogar, contaminando los perfiles escolares con datos ajenos.
Antecedentes y postura de la empresa
No es la primera vez que Google enfrenta cuestionamientos por este tipo de prácticas. En 2019, pagó 170 millones de dólares tras una investigación de la Comisión Federal de Comercio por la recolección indebida de datos infantiles en YouTube. En 2020, el estado de Nuevo México también lo demandó, logrando un acuerdo por 3,8 millones de dólares y la creación de un programa de privacidad para niños.
En respuesta a las nuevas acusaciones, Google negó las imputaciones y defendió su modelo:
“Ninguna de la información recopilada en los servicios de Workspace for Education se utiliza para publicidad dirigida. Contamos con estrictos controles para proteger los datos de los estudiantes y exigimos a las escuelas que obtengan el consentimiento de los padres cuando sea necesario”, declaró la empresa.
No obstante, la demanda enfatiza que los estudiantes no tienen la posibilidad de optar por no usar los productos de Google como parte de su formación. A su vez, cuestiona que la empresa utilice herramientas educativas gratuitas como puerta de entrada a una explotación sistemática de datos personales.
Por el momento, los distritos escolares involucrados no se han pronunciado. La causa podría convertirse en un nuevo caso testigo sobre los límites del poder tecnológico en entornos sensibles como la educación pública.
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