Sturzenegger pierde la vía rápida de decretos tuvo que crear una nueva estrategia legislativa para su agenda de desregulación.
El próximo 8 de julio marca un quiebre institucional: caduca la potestad que durante el primer año dio a Javier Milei y a su jefe de Gabinete licencias excepcionales para gobernar por decreto, sin pasar por el Congreso, amparados en la controvertida ley Bases.
Federico Sturzenegger, artífice de esta estrategia que denominaron “motosierra”, perderá su herramienta más eficaz para desmantelar regulaciones al vuelo. Según diversos analistas, no perderá peso político —sigue siendo la mano dura que impulsa la desregulación—, pero sí el arma normativa: a partir de esa fecha las reformas deberán pasar a través del Congreso, mediante proyectos de ley o decretos comunes, sujeto a control parlamentario y judicial.
Menos atajos y más debates
El Ejecutivo enfrentará además una realidad legislativa compleja: la coalición de La Libertad Avanza cuenta con 72 votos firmes, muy lejos de los 87 necesarios para neutralizar un veto del Poder Ejecutivo. Además, las reformas impulsadas —como la fórmula jubilatoria con aumento del 7,2% y movilidad por IPC en el Senado— tendrán que someterse a discusión sin la ventaja de los DNU. Diputados, por su parte, sigue trancado con cuestiones como la Inocencia Fiscal, sin quorum ni agenda clara.
En este escenario, el oficialismo evalúa un nuevo "marco regulatorio post-Bases", una suerte de envoltorio institucional para canalizar la desregulación mediante regulaciones sectoriales diseñadas para sortear la ausencia de facultades delegadas.
Gobernabilidad condicionada
Que Sturzenegger ya haya anunciado que no buscará una prórroga no solo marca una decisión política: obliga al Gobierno a cambiar de estrategia. Las decisiones rápidas, sin debate ni contrapesos, dejan paso a un sistema donde ni los decretos pueden saltarse los controles institucionales.
La política del “golpe de timón por decreto” quedará relegada. Ahora, cada paso deberá ser fruto de negociación, con presiones cruzadas en comisiones, mecanismos de revisión parlamentaria y posibles impugnaciones judiciales.
El fin de las facultades delegadas no es una anécdota técnica. Es el momento en que la “motosierra” deja de pisar el acelerador. A partir de ahora, la política vuelve a imponer su lógica lenta, conflictiva y plural. En ese marco, si Milei quiere avanzar con su plan de desregulación, deberá pagar peaje: negociar, acordar con gobernadores y dividir respaldos en ambas cámaras. Será el verdadero test de gobernabilidad de un gobierno que hasta aquí bailó a pura decisión ejecutiva.
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