Karina Saúl, vocal por la Minoría Política del Tribunal de Cuentas, denunció penalmente al vicegobernador Fabián Leguizamón por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, incluyendo gastos sin respaldo y transferencias a cuentas personales.
La vocal por la Minoría Política del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, Karina Saúl, presentó una denuncia penal contra el vicegobernador Fabián Leguizamón, acusándolo de cometer delitos como fraude a la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
La denuncia, radicada el 29 de abril en la Fiscalía N° 2 de Río Gallegos, se basa en dos auditorías realizadas por el Tribunal de Cuentas que detectaron múltiples irregularidades en el manejo de fondos públicos durante el período de enero a agosto de 2024.
Entre las anomalías encontradas se destacan:
- Uso indebido de fondos rotatorios y especiales, con rendiciones que presentaban tachaduras, agregados y enmiendas.
- Alquileres de inmuebles a nombre del propio vicegobernador, sin la debida autorización del Poder Ejecutivo.
- Transferencias directas a cuentas personales sin justificación adecuada.
- Gastos en publicidad por $34.880.000, con múltiples irregularidades en la certificación y contratación de los servicios.
- Compra de una campera de plumas por $368.900 como "regalo protocolar" al gobernador Claudio Vidal.
El informe final de las auditorías concluyó que el daño al erario público superaría los $56.000.000.
Además del vicegobernador, la denuncia involucra a varios funcionarios de la Cámara de Diputados, incluyendo a la Directora de Administración, Natalia Romina Vargas; la Subdirectora de Presupuesto, Cristina Beatriz Díaz; la Subdirectora de Tesorería, Gabriela Lorena Córdoba; la Prosecretaria de la Dirección de Administración, María Belén Fernández Soria; y la Subdirectora de Contaduría, Carla Belén Cárdenas.
La situación ha generado un fuerte impacto político en la provincia, donde se cuestiona la transparencia en el manejo de los fondos públicos y se espera que la justicia avance en la investigación para esclarecer los hechos denunciados.
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