El interbloque de Unión por la Patria no logró proteger a la empresa NA-SA. La UCR, Camau Espínola y Provincias Unidas acataron las ordenes de Donald Trump para que avance la privatización.
El titular del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, no logró garantizar los dos tercios necesarios para aprobar sobre tablas la declaración de interés público y estratégico de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). La sesión, prevista para este jueves, fue suspendida tras la negativa de los senadores de la UCR y del bloque Provincias Unidas, cuyos gobernadores mantuvieron contacto directo con la Casa Rosada.
La maniobra, que buscaba impedir una privatización de la empresa estatal de energía nuclear, quedó desactivada a pesar de que Mayans había conseguido el apoyo de 41 senadores. Le faltaban siete votos para alcanzar los 48 necesarios sobre 72 miembros de la Cámara Alta.
Resistencia opositora y negociación política
La UCR, bajo la conducción del correntino Eduardo Vischi, y los senadores Carlos “Camau” Espínola y Juan Carlos Romero —alineados con Provincias Unidas— fueron claves en el bloqueo de la sesión.
El radicalismo, según confirmaron fuentes parlamentarias, pretendía retener el debate en comisión hasta después de las elecciones del 26 de octubre. El fueguino Pablo Blanco sostuvo que el kirchnerismo “quería montar un show en el Senado” en plena campaña, comparando la iniciativa con la citación frustrada de Karina Milei y Mario Lugones por el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Entre promesas, presiones y votos esquivos
De acuerdo con una fuente cercana a un gobernador peronista, la Casa Rosada habría prometido transferencias económicas a mandatarios provinciales de Provincias Unidas a cambio de sustraer su apoyo a la maniobra del peronismo.
“Se dieron vuelta hasta ver qué pasa. Les prometieron recursos para después de la reunión de Milei con Trump”, reveló un operador legislativo.
El episodio se suma a una cadena de negociaciones cruzadas que incluyen el encuentro entre Cristian Ritondo, Miguel Pichetto y Rodrigo De Loredo con Santiago Caputo y Barry Bennet, asesor estadounidense del presidente Donald Trump. Según trascendió, Estados Unidos habría solicitado a los gobernadores y bloques aliados sostener la gobernabilidad de la administración libertaria.
El tablero parlamentario antes de las elecciones
Ante la falta de respaldo político, Mayans decidió apostar al plenario de comisiones de Minería, Energía y Ciencia y Tecnología, previsto para este miércoles en el Salón Azul, como último intento de obtener dictamen.
Sin embargo, con el escenario electoral en el horizonte, varios senadores advirtieron que no se prestarán a una sesión politizada en la recta final de campaña.
“Vengan a cerrar la campaña al Senado”, ironizó el formoseño ante sus pares, consciente de que el tiempo legislativo corre en su contra.
Un trasfondo más profundo: soberanía energética y poder político
La disputa por Nucleoeléctrica excede lo parlamentario. La empresa, encargada de operar las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, es uno de los pocos activos estratégicos del Estado nacional con potencial de exportación tecnológica y cooperación internacional en materia nuclear.
Para el oficialismo, el blindaje legal representaba una defensa de la soberanía energética. Para la oposición, un gesto electoralista que pretendía condicionar al gobierno nacional en plena negociación con capitales extranjeros.
El desenlace, más que una derrota legislativa, expone la fragilidad del frente peronista en el Senado y la capacidad de Milei para fracturar alianzas provinciales en un terreno donde, hasta hace poco, el oficialismo imponía agenda.
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