Un pedido judicial solicita suspender su asunción prevista para el 10 de diciembre mientras se investiga el financiamiento de la campaña.
La política rionegrina atraviesa un momento de alta tensión. Lo que parecía un trámite administrativo como la asunción de Lorena Villaverde en el Senado (prevista para el 10 de diciembre) se transformó en un problema de fondo: una denuncia penal ante la Justicia federal que investiga el financiamiento de su campaña electoral y pide suspender la jura hasta que se verifique el recorrido del dinero.
La denuncia fue presentada por Daniel Sarwer, presidente de la ONG ARM Global, que se define como dedicada a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. En su escrito sostiene que existen indicios “abundantes” para analizar el flujo de recursos utilizados durante la campaña de Villaverde.
En el expediente, radicado en el Juzgado Federal N° 5, aparecen señalados dos nombres que ya arrastran antecedentes inquietantes: Fred Machado y Claudio Cicarelli. Machado está acusado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, mientras que Cicarelli, su primo, tiene negocios mineros vinculados con el gobierno provincial de Alberto Weretilneck.
La causa sugiere posibles delitos de lavado de activos, asociación ilícita y encubrimiento agravado, y requiere el acceso a extractos bancarios, contratos de pauta, consultoras y aportes privados.
El impacto político es inmediato: si la Justicia ordena suspender la jura antes del 10 de diciembre, podría asumirse al siguiente de la lista —el dirigente Enzo Fulone—, provocando una redistribución del poder interno en La Libertad Avanza (Río Negro).
Pero el escándalo no se limita al financiamiento externo. En paralelo, desde el bloque peronista provincial Vamos con Todos denunciaron ante la Justicia Federal una factura por más de 70 millones de pesos emitida por la campaña de Villaverde, con irregularidades detectadas por el propio responsable financiero del espacio, Roberto Zgaib. Según revelaciones, la campaña libertaria provincial figuró facturas por cartelería y servicios que no fueron verificables.
El escenario es aún más complejo: la combinación de dinero cuestionado, facturación dudosa, nombres con antecedentes comprometidos y una banca senatorial en juego, abren un foco de vulnerabilidad grave para el armado libertario en la provincia, y plantean interrogantes sobre su rumbo hacia 2027 si pretenden candidaturas provinciales.
En definitiva: no se trata solo de un proceso de asunción, sino de una crisis de coherencia en materia de financiamiento, transparencia y estructura política. La pregunta por excelencia es: ¿puede una fuerza que proclama “nueva política” sostenerse cuando aparece tan expuesta al viejo vicio de los fondos opacos?
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