La Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Santa Cruz, manifiesta su preocupación y su rechazo frente al proyecto de ley sobre Libertad Religiosa, 0010/PE/2017 presentado el pasado 12 de junio por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, ya que de aprobarse, sería otro retroceso en materia de Derechos Humanos a la que se vería sometida la población en su conjunto amenazando derechos que nos garantizan vivir en una sociedad más equitativa e igualitaria.
Nuestro país avanzó en materia de derechos humanos con políticas de Estado claras. En 2010 y 2012 se promulgaron las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género respectivamente, reparando así una deuda histórica con personas y familias que, aunque existentes, no eran reconocidas por la ley. Con la aprobación de dichas leyes Argentina se convirtió en ejemplo de inclusión e igualdad, por ser el primer país en el mundo en tener una ley de Identidad de Género modelo y por ser el primer país en Latinoamérica en reconocer el derecho al matrimonio civil y a la adopción de todas las personas sin distinción de orientación sexual.
Cabe destacar que nuestra Constitución Nacional ya contempla la libertad religiosa y de conciencia en el plano personal. En cambio, el proyecto presentado por el Gobierno Nacional, agrega el derecho a la objeción de conciencia también de las instituciones. Por lo que de aprobarse, se limitarían y/o anularían derechos ya garantizados, transgrediendo acuerdos internacionales de derechos humanos y contradiciéndose con otras leyes que otorgan derechos y obligaciones inalienables a cada uno de los habitantes de la República Argentina. Es decir, su aprobación pone en peligro el derecho a recibir educación sexual integral, laica, científica y completa, pone en riesgo al matrimonio igualitario ya que un juez podría negarse a casar a personas del mismo sexo excusándose en su religión; como también el derecho a la educación de niños y niñas de familias igualitarias por dar la posibilidad de no permitir el ingreso a una institución educativa, entre otros derechos que se ven amenazados.
Por lo expresado, reiteramos el rechazo al proyecto 0010/PE/2017 presentado por el Gobierno Nacional y abogamos por un Estado laico que garantice la inclusión de la diversidad en cualquier forma que se presente.
Sostenemos inclaudicablemente la defensa de los derechos que garantizan igualdad y el respeto a la diversidad, promoviendo el avance en más derechos e inclusión y no el retroceso ni el avasallamiento de los derechos ya conquistados.