En un dictamen inédito, Rochon calificó la causa como una “excursión de pesca” y afirmó que el origen de los fondos vinculados a LIBRA podría estar en el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei o el empresario Hayden Davis.
La magistrada federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó esta semana la petición de cuatro fondos internacionales (Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited) para llevar a cabo investigaciones y embargos sobre activos vinculados a la criptomoneda LIBRA, con la hipótesis de que esos fondos formaban parte de los activos del Estado argentino.
Según la resolución –a la que tuvo acceso La Nación–, Rochon evaluó que las pruebas presentadas por los fondos eran insuficientes para establecer que la República Argentina fuera titular de los activos generados por LIBRA.
Al mismo tiempo, sostuvo que la evidencia “podría sugerir” que los beneficiarios reales de los fondos vinculados al proyecto criptográfico fueran el propio José Javier Milei, su hermana Karina o el empresario Hayden Davis.
Trasfondo del caso
Los fondos demandantes son acreedores del Estado argentino por bonos ligados al default de 2001. En 2023, una corte británica ordenó al Gobierno pagar más de 1.500 millones de euros, lo cual generó la búsqueda de activos en distintos países para satisfacer esos montos.
Al recaer sobre la criptomoneda LIBRA, lanzada a gran escala en 2025 (y colapsada poco después) con participación del entorno de Milei, los fondos vieron una oportunidad de embargar activos supuestamente del Estado argentino.
Argumentos de la jueza
Rochon consideró que:
La petición de los fondos se trató de una “excursión de pesca”, al solicitar documentación amplia sin límite específico.
No se entregaron elementos que demostraran que los activos pertenecieran al Estado argentino, lo que impedía dar curso al embargo.
Incluso si hubiera vinculación con personas del entorno de Milei, los foros adecuados para investigarlo serían la justicia argentina o británica, no la estadounidense.
Implicancias políticas
Aunque el fallo exime al Estado argentino de responsabilidad en este tramo de la causa, el señalamiento hacia Milei y su entorno abre un ángulo de análisis sensible: la figura del presidente aparece vinculada en la resolución como posible beneficiario indirecto, lo cual no implica imputación judicial directa en EE.UU., pero sí deja registro público de sospechas.
Desde un ángulo crítico, este fallo ofrece un respiro al Gobierno nacional, pero también expone una vulnerabilidad política al asociar al mandatario con una operación criptográfica de elevado riesgo. En el escenario argentino, donde el nivel de vigilancia sobre funcionarios públicos y el escrutinio mediático son intensos, ese tipo de insinuaciones pueden derivar en cuestionamientos éticos públicos y en la arena judicial local.
Desde la vereda opuesta, el Gobierno del presidente Milei habrá celebrado que no se haya reconocido al Estado argentino como titular de los activos, pero difícilmente podrá eludir la carga reputacional que la mención en la resolución implica.
Contexto para la Argentina
El fallo se suma a otros relacionados con LIBRA: por ejemplo, en agosto de 2025 la misma jueza Rochon levantó un congelamiento de US$ 57,6 millones vinculados al token, al considerar que no se había demostrado “daño irreparable”.
En ese sentido, el caso LIBRA se convierte en un “caso testigo” de la intersección entre criptoactivos, jurisdicciones internacionales y responsabilidades de Estado, con un foco especial sobre la figura del jefe de Gobierno argentino.
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