Fue el jueves en la mesa de trabajo organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La postura de Santa Cruz fue presentada por la Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Alejandra Shanahan, del Ministerio de Desarrollo Social, quien expuso junto a destacados juristas, académicos, representantes de UNICEF y de la Defensoría General de la Nación.
En el marco de las políticas de protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz a través del Ministerio de Desarrollo Social participó y expuso la postura provincial de la Comisión de Trabajo para la Reforma del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil llevada adelante esa semana.
Según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la edad de punibilidad no podrá establecerse por debajo de los 16 años teniendo en cuenta los principios de no regresividad y de progresividad de la garantía de los derechos sin perjuicio de las medidas especiales que su protección puedan adoptarse.
En ese sentido, Alejandra Shanahan explicó que “sancionar una ley penal juvenil implica garantizar un tratamiento que no dependa de decisiones judiciales arbitrarias, ni sostener procedimientos tutelares. Implica generar y aplicar normas que contemplen las características de los adolescentes, pero sobre todo que evite la criminalización y estigmatización”.
“Es importante que en ámbito administrativo se garantice el desarrollo del joven, y se generen medidas preventivas, socioeducativas, y de abordaje integral contempladas en el sistema de protección de derechos, el proyecto de reforma presentado por el gobierno central no respeta los estándares internacionales, e implica un retroceso en materia de derechos humanos” indicó.
El Juez Nelson Sánchez de la provincia de Santa Cruz, también estuvo presente en la mesa de trabajo, en la cual participaron destacados juristas, académicos y representantes de organismos internacionales y de todo el país. La comisión consensuó por amplia mayoría la elaboración de una ley de responsabilidad penal respetuosa de los derechos de los adolescentes, y rechazaron bajar la edad de imputabilidad por debajo de los 16 años de edad.