El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional exige al gobierno argentino una batería de medidas regresivas: desde la reforma tributaria hasta la previsional, pasando por privatizaciones y recortes a las provincias. El propio FMI admite que esta vez “el compromiso es real”.
El Fondo Monetario Internacional no disimula su entusiasmo. El nuevo acuerdo de facilidades extendidas con Argentina —que se extenderá hasta 2029 y condicionará buena parte de la política pública local— recibió el visto bueno del directorio del organismo, que destacó con elogios lo que en los papeles es un “programa de estabilización” pero que, en los hechos, representa un rediseño completo del Estado.
A diferencia de otros programas, esta vez el FMI no marca la agenda, sino que avala una hoja de ruta diseñada por el propio gobierno de Javier Milei, bajo el ala económica de Luis “Toto” Caputo, con el venezolano Luis Cubeddu como interlocutor principal desde Washington.
“El nuevo programa cuenta con un fuerte sentido de pertenencia (ownership)”, señala el informe del staff, que habla de una “oportunidad crucial” para Argentina y el FMI.
Pero esa oportunidad viene cargada de condicionamientos: reformas tributarias, previsionales, privatizaciones, desregulación energética, y una redefinición completa de los vínculos entre Nación y provincias. Todo bajo un supuesto orden fiscal que el propio Milei celebró en su cadena nacional del viernes: “Esta vez verdaderamente sí es diferente”.
Los ocho compromisos estructurales: una agenda con sello de época
El documento aprobado por el FMI detalla los benchmarks estructurales que el gobierno deberá cumplir para acceder a los desembolsos futuros. Entre los puntos más sensibles figuran:
- Reforma tributaria para “remover impuestos distorsivos” y eliminar beneficios fiscales a sectores específicos.
- Reforma previsional “para mejorar la equidad y sostenibilidad”.
- Eliminación de fondos fiduciarios, salvo el destinado a subsidios al gas.
- Privatización o concesión de las empresas públicas contempladas en la Ley Bases.
- Desregulación del mercado mayorista eléctrico.
- Base de datos única para auditar programas sociales.
- Reforma del régimen de coparticipación federal.
- Presentación del presupuesto 2026 con déficit cero.
Cada uno de estos puntos viene con fechas límites. Por ejemplo, la reforma impositiva deberá estar lista en diciembre; la previsional, antes de fines de 2026; y el plan de privatización, ya en septiembre.
Es decir, el ajuste tiene calendario.
¿Compromisos o imposiciones disfrazadas?
Aunque el Fondo destaca la “propiedad” del programa por parte de Argentina, lo cierto es que la arquitectura de este nuevo acuerdo repite el modelo clásico de condicionalidad, basado en metas fiscales, reformas estructurales y supervisión técnica.
La novedad es que el gobierno libertario abraza ese manual con fervor, sin necesidad de presión externa, lo que convierte a Milei en el mejor alumno del Fondo en décadas.
Lo paradójico es que, mientras Milei acusa al “socialismo” de haber entregado el país, es el mismo Estado argentino el que ahora promete desmantelarse a sí mismo para ganar confianza en los mercados internacionales.
“El programa busca restaurar la viabilidad externa mediante la reconstrucción de reservas”, reza el documento, aludiendo al objetivo central: acumular divisas sin emitir ni gastar.
¿Y si sale bien? Pago anticipado y vuelta a los mercados
El FMI no ignora los riesgos. Menciona la tensión social latente, la exposición récord del organismo con Argentina (US$ 57.000 millones en 2026) y la incertidumbre global por la disputa comercial entre EE.UU. y China. Pero aun así, apuesta al “nuevo clima de confianza” generado por el Gobierno.
Como contracara, el organismo incluyó una cláusula estratégica: si el programa sale bien y Argentina vuelve a los mercados en 2026, se compromete a usar los fondos obtenidos para pagarle al Fondo anticipadamente.
Es decir, reducir exposición… sólo si hay dólares frescos.
La idea no es nueva, pero sugiere que el propio FMI desconfía de sostener esta relación a largo plazo, sobre todo si la tensión social escala o si el Congreso frena las reformas, algo que aún está por verse.
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