Docentes de 66 universidades paran por 72 horas tras la negativa del gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso. Denuncian ajuste y desfinanciamiento deliberado.
Con el mismo método que ya aplicó para cajonear leyes sobre discapacidad y pediatría, el gobierno nacional decidió ignorar —literalmente— una ley vigente, aprobada con mayoría especial en ambas cámaras. La Ley 27.795, que garantiza fondos para salarios y funcionamiento universitario, fue vetada en los hechos pero no en forma, amparándose en una supuesta falta de financiamiento prevista en la Ley 24.156 de Administración Financiera.
Lo grave no es solo la maniobra jurídica. Es el desprecio político. Javier Milei y su ministro Caputo decidieron no reglamentar ni ejecutar una norma con respaldo unánime del sistema universitario y legitimidad parlamentaria contundente. En cambio, eligieron seguir eximiendo del pago de retenciones a cerealeras que retienen más de U$S 8 mil millones en granos, con un costo fiscal estimado en U$S 1.500 millones. ¿No había fondos?
La respuesta gremial: paro masivo y advertencia de profundización
La respuesta no tardó. CONADU Histórica fue la primera en convocar al paro docente universitario de 72 horas desde este miércoles 12 hasta el viernes 14. CONADU, que nuclea a la mayoría de los docentes y forma parte de la CTA de los Trabajadores, se sumó luego de una consulta interna.
Ambas federaciones reúnen la representación mayoritaria del sistema universitario. Están involucrados más de 200 mil docentes y entre 2 y 3 millones de estudiantes de todo el país. La medida podría profundizarse si no hay respuesta. Se evalúa la suspensión de exámenes finales e incluso, el no inicio del ciclo lectivo 2026.
Las universidades también van a la Justicia
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a todas las universidades públicas, ya resolvió por unanimidad iniciar una acción judicial para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795. Fue el 22 de octubre pasado en un plenario realizado en la Facultad de Derecho de la UBA.
Allí, el decano Leandro Vergara fue categórico: “Un decreto no puede suspender una ley”. A su vez, Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN, denunció: “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley”.
Un ajuste selectivo y cínico
Mientras alega falta de fondos para las universidades, el Ejecutivo autorizó aumentos del 61% para los trabajadores del Hospital Garrahan y otorga recursos discrecionalmente a otros sectores. El cálculo oficial indica que para recomponer los salarios universitarios al nivel de noviembre de 2023 se necesitaría un 43% más. Un gasto ínfimo en comparación con las exenciones fiscales otorgadas a los grandes exportadores.
Pero la universidad pública no entra en los planes del gobierno. Molesta, incomoda, representa una trinchera cultural. Por eso se la ajusta, se la niega, se la asfixia. El conflicto, ahora, escala. La pregunta es si Milei está dispuesto a llevar esta pulseada hasta el colapso del sistema.
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