En medio de un escenario de ajuste al Estado, con recortes de programas y la reducción de fondos para municipios, la Municipalidad de Río Gallegos reafirmó una política pública que genera fuertes debates: el boleto de colectivo gratuito para personas con discapacidad y sus acompañantes.
Rumores recientes sobre su posible modificación motivaron una aclaración pública de la secretaria de Gobierno, Sara Delgado.
Delgado negó categóricamente cualquier cambio en el régimen vigente y aseguró:
“Tanto las personas con discapacidad de Río Gallegos como sus acompañantes siguen viajando de forma gratuita. Es importante aclararlo porque pudieron surgir topes en el sistema Nación Servicios que solicitamos que se revean a la brevedad”.
Según los datos aportados por la funcionaria, en la ciudad hay 261 tarjetas SUBE habilitadas para personas con discapacidad que viajan de manera autónoma, y otras 1.710 para quienes lo hacen acompañados, lo que implica que cerca de dos mil personas usan el transporte público sin costo.
Delgado denunció que tanto el gobierno nacional como el provincial han retirado el fondo compensador y el subsidio para esos pasajes, en un acto que calificó de “enorme crueldad dirigido especialmente al colectivo de personas con discapacidad”. En ese contexto, el municipio asumió el costo financiero:
> “El municipio destina 60 millones por mes en estos atributos sociales para que las personas con discapacidad viajen gratis. En Río Gallegos no usamos motosierra y defendemos los derechos con acciones, y esa es una decisión política del intendente”.
La secretaria contrastó la postura local con lo que describió como un plan de ajuste que golpea a sectores vulnerables, entre ellos jubilados, mujeres y personas con discapacidad. Aseguró que el intendente Pablo Grasso “se paró junto a los sectores impactados por este plan de crueldad que aplican el presidente y el gobernador”. Dijo que la Municipalidad mantiene contacto permanente con las personas con discapacidad y colabora con su Comisión de Derechos cuando la Caja de Servicios Sociales les negó cobertura en terapias.
Este anuncio llegó justo cuando la concejal Daniela D’Amico presentó un pedido de informes al intendente y la empresa CityBus por denuncias de que, según usuarios, la gratuidad para personas con discapacidad se estaría limitando: tras dos viajes, el tercero sería cobrado. D’Amico señaló que el boleto gratuito es un derecho adquirido e instó al municipio a restablecerlo si se detecta irregularidad.
Por su parte, consta que en el sitio oficial de la Municipalidad hay referencias a que los grupos beneficiarios del transporte urbano incluyen personas con discapacidad, quienes viajan “sin cargo” junto con adultos mayores y estudiantes.
La aclaración de Delgado intenta disipar incertidumbres y reafirmar que, al menos en Río Gallegos, ese derecho no será recortado ni condicionado. El ruido político y social que generaron los rumores había encendido las alarmas del sector.
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