Lo que comenzó como un acto inexplicable —la demolición del monumento a Osvaldo Bayer el pasado 25 de marzo en Río Gallegos— terminó revelando una cadena de decisiones políticas, silencios deliberados y documentos internos que confirman lo que el oficialismo quiso disimular
Ahora, un documento oficial de Vialidad Nacional deja expuesta la maniobra: se desvinculó a toda la cúpula del Distrito 23° Santa Cruz por “irregularidades sustanciales”, en una medida que apunta hasta lo que se pudo saber directamente a lo ocurrido con la escultura del historiador, periodista y defensor de los derechos humanos.
LOS HECHOS
▪ El 25 de marzo, Día Nacional de la Memoria, una cuadrilla de Vialidad Nacional destruyó el monumento a Bayer ubicado en la entrada norte de Río Gallegos.
▪ La acción fue ejecutada sin presencia de autoridades provinciales, sin notificación al municipio y a pocos metros de un puesto policial.
▪ El monumento había sido inaugurado en 2023 con el mensaje: “Bienvenidx, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde”.
▪ El autor de la obra, Jerónimo Villalba, no fue consultado. La familia Bayer, tampoco.
EL DOCUMENTO QUE EXPONE RESPONSABILIDADES
Un documento interno (NO-2025-42794208-APN-DNV/MEC ) firmado por Vialidad Nacional con fecha 25 de marzo de 2025 establece la resolución contractual inmediata de los siguientes funcionarios del Distrito 23°:
- Paulo Alejandro Croppi – Jefe del distrito
- Raúl Ariel Borquez – MMO
- Andrea Paola Lebrand – Asesora Jurídica
En el documento, al que tuvo acceso este medio, se habla de irregularidades con implicancia jerárquica y se cita incluso un dictamen jurídico elaborado por la propia Lebrand, lo que indica que la decisión de demoler el monumento habría sido evaluada jurídicamente desde adentro de la DNV.
RESPUESTA POLÍTICA: TARDÍA Y CONVENIENTE
El intendente Pablo Grasso fue el primero en reaccionar. Denunció públicamente lo ocurrido, exigió la restitución del monumento y ofreció colaboración para reconstruirlo. En contraste, el gobierno de Claudio Vidal emitió un comunicado tibio más de 24 horas después, sin identificar responsables, sin acciones legales ni expresiones de condena institucional.
Días después, la administración provincial recibió los restos del monumento enviados por Vialidad, pero en vez de restituirlo a su lugar original o coordinar con su autor, los derivó a la Secretaría de Cultura, donde quedaron bajo custodia.
Todo se cerró con un video institucional en tono solemne, intentando mostrar al gobierno como garante de la memoria que, en los hechos, decidió no defender en tiempo real.
MANIOBRA POLÍTICA Y PUESTA EN ESCENA
- El gobierno provincial no actuó antes de la demolición.
- No detuvo la maquinaria.
- No envió funcionarios.
- No denunció.
- Y, cuando reaccionó, lo hizo sin mencionar nombres.
Mientras tanto, el autor de la obra no fue consultado. La familia Bayer fue ignorada. Y quienes pidieron la restitución —el municipio— fueron excluidos del proceso posterior.
La puesta en escena institucional no resiste el archivo. La demolición se dio en una fecha sensible, en un contexto de erosión política y en medio de una crisis de gestión. El resultado: un acto simbólicamente devastador usado para distraer de los problemas reales del Ejecutivo provincial.
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