Un profundo malestar recorre distintos sectores sociales tras conocerse que 1,4 millones de usuarios vulnerables de luz y gas perderán sus subsidios a partir de diciembre. Esta medida, que golpea directamente a las familias más necesitadas, ha generado un clima de indignación y rechazo hacia el gobierno.
La falta de empadronamiento en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) es consecuencia de la ausencia total de campañas informativas claras y accesibles por parte de las autoridades. Cientos de miles de familias, que dependen de este beneficio para sobrellevar la crisis económica, se encuentran ahora en el limbo, abandonadas a su suerte por un Estado que debería protegerlas.
La decisión de reducir drásticamente los subsidios no solo ha sido criticada por su velocidad y falta de sensibilidad, sino también por la negligencia con la que se manejó todo el proceso. En medio de una inflación descontrolada y hogares humildes luchando por sobrevivir, el Estado ha dado la espalda a quienes más necesitan ser escuchados. “Es una burla, una indiferencia absoluta hacia los más necesitados”, expresó indignado Pedro Busetti, referente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), quien denunció que la información brindada fue confusa y no llegó a quienes realmente debían empadronarse.
Lo que más enfurece a los usuarios y organizaciones de derechos civiles es la aparente negligencia deliberada. El decreto 332/2022, que dio origen al RASE, ordenaba claramente que las distribuidoras y la ANSES asistieran a los sectores vulnerables para que pudieran inscribirse. Sin embargo, esta obligación legal fue totalmente ignorada. En lugar de ello, el gobierno optó por el silencio, permitiendo que 1,4 millones de personas caigan en el olvido. Estas familias, que ya venían recibiendo la tarifa social, ahora se verán forzadas a pagar tarifas mucho más altas sin haber tenido siquiera la oportunidad de informarse adecuadamente sobre el trámite.
El escenario es especialmente doloroso en zonas como La Matanza, donde Deuco asesoró a más de 1.500 usuarios que, hasta el último día del empadronamiento, desconocían la existencia del RASE. “¿Cómo es posible que en plena era digital, con todas las herramientas a disposición, no se haya hecho absolutamente nada por informar a la gente que más lo necesita? Es un abandono total”, enfatizó Busetti, visiblemente indignado.
La crítica no termina allí. La medida de empadronar nuevamente a usuarios que ya habían sido registrados previamente en cada provincia resulta arbitraria y absurda. Eduardo Rodríguez Chirillo, exsecretario de Energía, había afirmado que era necesario verificar si realmente los usuarios seguían siendo de bajos ingresos. Sin embargo, la segmentación tarifaria ya contemplaba un cruce de información para verificar estas condiciones, lo que hace que esta decisión se perciba como una trampa burocrática diseñada para expulsar a los más vulnerables del sistema de subsidios.
La indignación crece a medida que se acerca diciembre, fecha en la que 1,4 millones de usuarios dejarán de contar con el alivio de los subsidios, enfrentándose a facturas que, para muchos, serán simplemente impagables. "Nos han abandonado a nuestra suerte", expresan familias que, entre la rabia y la desesperación, no encuentran respuesta ante el silencio del gobierno. Para ellos, el mensaje es claro: en su afán de ajuste, la administración ha decidido que los más pobres paguen los platos rotos.
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