A través del Decreto 534/2025, el presidente anuló las normas de ajuste jubilatorio y emergencia en discapacidad, anunciando que demandaban más de $7 billones en 2025.
El Gobierno acaba de desarmar tres iniciativas clave del Congreso aprobadas apenas semanas atrás: la nueva movilidad jubilatoria, la reinstauración de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Todo ello mediante el Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei y todo el Gabinete.
La decisión no fue menor: implicaba derogar leyes consensuadas en ambas cámaras, y ahora el oficialismo deberá defender ese veto —y su lectura de prioridades— frente a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
¿Por insistir en el equilibrio fiscal?
El Ejecutivo justificó su veto señalando que los proyectos aprobado por el Congreso implicaban un “gasto adicional de más de \$7 billones en 2025 y cerca de \$17 billones en 2026”, sin fuentes de financiamiento claras ni respaldo técnico. Para Milei y su Gabinete, aprobarlas significaba reactivar la emisión monetaria, aumentar impuestos o endeudarse —tres caminos que consideran inviables frente a la inflación en curso.
Falta de legitimidad técnica
Además, advierten que las leyes fueron aprobadas con "graves vicios reglamentarios", incluyendo mayorías dudosas en el Senado. La crítica oficial no solo apunta al impacto económico, sino también a una forma de legislar que consideran irresponsable: “Se hicieron sin cálculos actuariales, sin previsibilidad”.
¿Derechos vulnerados o política fiscal responsable?
Desde el Gobierno califican los proyectos como legislar “con fines electorales”, disfrazando promesas sociales que pondrían en jaque la sustentabilidad del Estado. El mensaje es claro:
“No hay plata” —recalcan— y apuestan a que sectores opositores entiendan la dimensión histórica de la crisis fiscal.
¿Qué dice el peronismo y la oposición?
Las organizaciones sociales y el peronismo cuestionan el veto. Argumentan que el costo simbólico —abatir el poder adquisitivo de jubilados y discapacitados— es mayor al ahorro fiscal. Insisten en que la política pública no puede resignarse a la austeridad como primera fórmula, sino que debe trabajar sobre distribución y equidad.
Votamos bien, pero ahora no hay plata
Milei sostiene que su mandato representa el mandato popular contra la inflación, pero el veto pone en evidencia un golpe a las expectativas ciudadanas respecto de derechos consolidados: los jubilados esperan movilidad, los discapacitados protección y los trabajadores, inclusión. Lo cierto es que la promesa de austeridad está nublando cualquier intento de contención social.
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