Se trata de Francisco Carlos Sánchez Gamino, quien al momento de la filmación —mayo de 2024— aún no había sido designado oficialmente, pero ya operaba en las sombras como asesor informal de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos, un área que depende directamente de la Jefatura de Gabinete.
Su nombramiento como Director de Estudios para el Desarrollo Nacional llegó en octubre, cinco meses después del video. Pero la mancha ya estaba.
En las imágenes difundidas por Telenueve Denuncia (Canal 9), se observa a Sánchez Gamino compartiendo espacio y escena con Marcelo Moretti, presidente del club, mientras éste recibe 20 mil dólares en una primera entrega, y 5 mil más en una segunda, todo filmado con cámara oculta. Quien entrega el dinero es María José Scottini, madre del joven que aspiraba a ingresar a las inferiores del club.
“Acá hay que cumplir, porque ya se puso todo”, se escucha decir en uno de los tramos del video.
Milei, la casta y los negocios paralelos
El dato político es ineludible: el Gobierno libertario, que hizo del “anti-casta” su bandera, tenía en sus filas a un funcionario que —como mínimo— presenció sin denunciar una transacción ilegal. La respuesta del Ejecutivo fue automática: Sánchez Gamino fue desvinculado horas después de que el video se hiciera público.
Sin embargo, la rapidez del despido no exime de responsabilidades. El Gobierno lo había designado tras la fecha del video, lo que plantea una pregunta incómoda: ¿conocían sus antecedentes? ¿O los pasaron por alto?
“Esto expone lo que muchos advertimos: el mileísmo no vino a limpiar la política, vino a reemplazar a la vieja casta con una nueva, pero igual de opaca”.
El silencio del presidente Javier Milei sobre el caso también llamó la atención. Acostumbrado a responder vía redes sociales con furia y sarcasmo, esta vez eligió no decir una sola palabra. Tampoco lo hicieron ni Nicolás Posse (jefe de Gabinete) ni Sandra Pettovello, quien supervisa el área desde Capital Humano.
Crisis en Boedo: Moretti en la cuerda floja
Mientras tanto, Marcelo Moretti enfrenta su peor momento como dirigente. La presión interna crece. Exfuncionarios del club, como Pablo García Lago, exigieron su renuncia inmediata. Agrupaciones opositoras ya están articulando pedidos formales ante la IGJ y se espera que el Tribunal de Ética de la AFA actúe.
El escándalo no solo expone a un presidente de club en una transacción ilegal, sino que pone en duda la integridad de los procesos de selección en inferiores, un espacio históricamente vulnerable a prácticas clientelares, pero que rara vez quedan expuestas con esta crudeza.
La institución de Boedo, que supo ser símbolo de resistencia social y política durante décadas, atraviesa hoy un momento donde la ética está en juego. Y con ella, su credibilidad.
¿Corrupción estructural o excepción grabada?
Más allá del impacto mediático, el caso deja al descubierto una trama que va más allá del deporte. La presencia de un funcionario nacional, por más que no sea el receptor directo del dinero, plantea una interferencia entre Estado y negociados privados que el actual gobierno prometía erradicar.
Pero la realidad, una vez más, parece desmentir el discurso. Porque mientras Milei recorta partidas a comedores y despide empleados públicos en nombre de la austeridad, el ingreso a un club de fútbol puede seguir comprándose con fajos de dólares, ante la mirada pasiva de sus propios funcionarios.
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