El gobierno de Javier Milei oficializó este martes un nuevo régimen de contrataciones para el sector público mediante los Decretos 1148/2024 y 1149/2024, publicados en el Boletín Oficial.
Bajo la consigna de profundizar el ajuste, las medidas establecen prohibiciones para nuevas designaciones, límites a la duración de los contratos y la imposición de evaluaciones obligatorias para los trabajadores estatales.
Prohibiciones y excepciones
El decreto prohíbe “las designaciones y contrataciones de personal de cualquier naturaleza”, exceptuando áreas clave como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, universidades, el Servicio Exterior, y el personal profesional de hospitales. También se incluyen en las excepciones ciertas designaciones temporales vinculadas al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y a funciones ejecutivas específicas.
Además, se fijó que cada jurisdicción podrá realizar un alta por cada tres bajas de personal, sin importar la causal de las desvinculaciones. Estas solicitudes deberán ser aprobadas por la Subsecretaría de Modernización y Desarrollo del Empleo Público, una medida que centraliza aún más el control sobre las contrataciones.
Contratos temporales y exigencias de idoneidad
El régimen impone que todos los contratos tendrán una duración máxima de 6 meses, y que los trabajadores deberán aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias para mantener su empleo. Aquellos que no cumplan con este requisito no podrán ser contratados más allá del 31 de marzo de 2025.
El decreto también obliga a las empresas y organismos con participación estatal mayoritaria a implementar medidas similares, lo que amplía el alcance del ajuste en sectores vinculados al Estado.
Un ajuste sin precedentes
Estas políticas refuerzan la línea de recortes que el gobierno de Javier Milei viene impulsando desde su asunción. Bajo el argumento de eliminar "estructuras innecesarias", las medidas limitan el acceso al empleo público y refuerzan un esquema de exclusión que afecta tanto a trabajadores actuales como a potenciales nuevos empleados.
Las consecuencias sociales y económicas de este modelo aún están por verse, pero la reducción sistemática de personal y la inestabilidad laboral generan una creciente incertidumbre entre los trabajadores del Estado.
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