En un allanamiento en Puerto Madero hallaron casi 700 mil dólares en efectivo; el juez dictó embargo millonario sin prisión preventiva.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Ornella Calvete como partícipe necesaria de una presunta red de corrupción vinculada a la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de una investigación que tomó impulso tras el hallazgo de una suma millonaria en efectivo en su departamento de Puerto Madero.
El operativo fue ordenado el 9 de octubre pasado a pedido del fiscal Franco Picardi y se realizó en un piso alto de una torre del barrio porteño, donde residía quien por entonces se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio. Calvete había accedido al cargo durante la gestión del presidente Javier Milei y presentó su renuncia pocos días después del allanamiento.
Durante la requisa, efectivos de la Policía Federal revisaron cajones, muebles y objetos personales hasta encontrar, ocultos entre prendas de vestir y artículos de lujo, 695.457 dólares, cerca de 20 millones de pesos y 1.960 euros en efectivo. El dinero fue secuestrado por orden judicial y quedó a disposición del expediente mientras continúa la instrucción.
Según surge de la causa, la imputada habría desempeñado un rol operativo dentro del entramado investigado y utilizado su posición en el Estado para acceder a bases de datos sensibles. La acusación sostiene que realizó averiguaciones internas sobre la estructura de la ANDIS incluso antes de ocupar formalmente cargos jerárquicos en el ámbito del Ministerio de Economía.
La investigación también reconstruyó intercambios de mensajes en los que, de acuerdo con la fiscalía, Calvete habría proporcionado listados oficiales y contactos estratégicos a su padre, Miguel Ángel Calvete, con el objetivo de facilitar negocios privados en distintos sectores. Estas maniobras, sostiene el expediente, resultan ajenas a sus funciones y constituyen un aprovechamiento indebido de información pública.
En su descargo, la ex funcionaria negó haber administrado el dinero secuestrado y aseguró que nunca estuvo bajo su disposición. Sin embargo, el juez consideró que las comunicaciones incorporadas al expediente y la documentación reunida hasta el momento son suficientes para sostener su procesamiento como partícipe necesaria, sin prisión preventiva.
Además, Casanello dispuso el embargo de sus bienes por más de 94 mil millones de pesos, una medida que busca garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso. La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas a medida que avancen las pericias y el análisis de la prueba recolectada.
Si llegaste hasta acá tomate un descanso con la mejor música
