En plazas de todo el país, colectivos denuncian que el Gobierno nacional desactiva una política vital para detectar y tratar enfermedades cardíacas infantiles.
El diputado nacional Máximo Kirchner participó el domingo 1° de febrero de una de las múltiples acciones que se desplegaron en plazas de todo el país para rechazar el desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política pública vital para garantizar la atención oportuna de niños y niñas con afecciones cardíacas. La convocatoria, impulsada por el colectivo Cardiocongénitas Argentinas, reunió a familias en Parque Avellaneda y otros puntos del país bajo un mensaje urgente: sin el programa, peligra la vida.
Kirchner dialogó con familiares y referentes del colectivo, quienes expresaron su preocupación por las medidas del gobierno de Javier Milei que, según denuncian, implican el desmantelamiento de una política sanitaria que salvó miles de vidas. Entre las acciones ya ejecutadas por el Ejecutivo figura la desvinculación de profesionales claves, entre ellos cardiólogos pediátricos que coordinaban el programa a nivel nacional, lo que impacta directamente en la capacidad de respuesta ante diagnósticos que requieren intervención inmediata.
Durante los encuentros, las familias subrayaron que este ajuste no solo compromete el acceso a terapias e intervenciones quirúrgicas a tiempo, sino que contradice la Ley de Cardiopatías Congénitas sancionada en 2023 casi por unanimidad, que amplió la cobertura y formalizó la continuidad de este programa como política de Estado.
Las voces de las familias apuntaron no solo contra el recorte puntual sino contra un modelo más amplio de desguace del sistema sanitario. Denunciaron que el brutal ajuste en salud pública vulnera derechos adquiridos, y pone en situación crítica a niños y niñas que necesitan tratamiento constante, seguimiento especializado y un sistema articulado entre hospitales y provincias.
“Cuando un niño con cardiopatía no es operado a tiempo, su vida se pone en riesgo. No hay margen. No hay espera posible”, repitieron madres y padres en distintos puntos del país. La consigna fue clara y dolorosa: “Nuestros hijos ponen el cuerpo en las terapias, nosotras ponemos el cuerpo en las calles”.
La jornada de visibilización, más allá de la presencia de dirigentes políticos, reflejó la dimensión humana de un ajuste que no se mide en cifras fiscales sino en consecuencias vitales. En cada testimonio quedó claro que detrás del recorte hay nombres, historias, tratamientos suspendidos y angustias acumuladas.
La movilización, que tuvo expresiones en varias provincias, anticipa un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y las familias organizadas, que no están dispuestas a resignar un derecho conquistado. Lo que está en juego no es una línea presupuestaria: es la posibilidad de que cientos de niños y niñas accedan a una vida con futuro.
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