La vicepresidenta Victoria Villarruel anunció este jueves el congelamiento de los salarios de los senadores nacionales hasta el 31 de marzo de 2025. La decisión busca frenar un aumento que habría elevado las dietas a 9.5 millones de pesos brutos desde enero, un ajuste que ya había encendido críticas tanto dentro como fuera del Gobierno.
“He firmado el Decreto que ordena el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo de 2025 para que lo traten en sesiones ordinarias", afirmó Villarruel en sus redes sociales. Según indicó, el gesto cuenta con el respaldo de bloques como el Frente Renovador de la Concordia Social, PRO, UCR, Las Provincias Unidas y Libertad, Trabajo y Progreso. “Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que se está haciendo”, añadió.
Contexto de las dietas
El debate en torno a las remuneraciones de los senadores venía escalando desde abril de 2024, cuando una controvertida votación permitió cuadruplicar los salarios, llevándolos a 8 millones de pesos brutos. Con el nuevo incremento, aprobado en diciembre pero ahora frenado, los legisladores habrían percibido 9.5 millones de pesos mensuales. Este ajuste había sido duramente cuestionado por sectores oficialistas y opositores, en un contexto donde el poder adquisitivo de los argentinos continúa en caída debido a la inflación.
Críticas internas y el impacto de Milei
La decisión de Villarruel también responde a críticas directas de figuras de su propio espacio. Semanas atrás, el presidente Javier Milei había cuestionado su gestión frente al aumento en las dietas. “Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) hace, qué se yo, recortó un montón de privilegios”, había dicho Milei en una entrevista, en referencia al sobrino del expresidente Carlos Menem, quien implementó recortes en la provincia de La Rioja.
Reacciones y tensiones
El congelamiento fue recibido con aprobación por algunos sectores del oficialismo y la oposición, que ven la medida como un intento de alinearse con el esfuerzo económico que enfrenta la sociedad. Sin embargo, los sectores más críticos advierten que el gesto podría ser percibido como meramente simbólico si no se acompaña de una revisión estructural de los beneficios parlamentarios.
Con el salario mínimo vital y móvil en 160 mil pesos y la creciente precarización laboral, la brecha entre los ingresos legislativos y el promedio salarial nacional se vuelve un punto de conflicto cada vez más visible.
La decisión de congelar las dietas hasta marzo próximo abre un nuevo capítulo en el ya tenso debate sobre los privilegios políticos en un país donde los ciudadanos esperan respuestas frente a una crisis económica que no da tregua.
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