El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este martes la puesta en marcha de una reforma migratoria impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que incluye el cobro de aranceles a extranjeros no residentes en universidades públicas y hospitales, además de una ampliación de los delitos considerados causa de deportación.
Entre las medidas anunciadas, Adorni destacó que las universidades nacionales podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, argumentando que uno de cada tres estudiantes de Medicina en el país proviene del extranjero.
En el ámbito de la salud, el funcionario señaló que los hospitales públicos nacionales, provinciales y municipales podrán establecer tarifas para extranjeros no residentes, citando el caso de Salta, donde una política similar resultó en un descenso del 95% en la atención a ciudadanos no argentinos y un ahorro fiscal de 60 millones de pesos.
"Esto no solo ahorra recursos, sino que mejora la atención para los ciudadanos argentinos y residentes legales", sostuvo Adorni. También hizo énfasis en el fin de los llamados "tours sanitarios", que, según él, afectaban la capacidad del sistema de salud público.
La reforma migratoria también contempla nuevos motivos para la deportación de ciudadanos extranjeros, como ser capturados en flagrancia cometiendo delitos, atacar el sistema democrático o ingresar con documentación falsa.
"Quienes violen la ley serán expulsados y se les prohibirá el reingreso al país", explicó Adorni, añadiendo que se incluirá una pena de prisión para aquellos que intenten volver tras ser deportados.
En su intervención, Adorni criticó las políticas migratorias anteriores, afirmando que fomentaron el ingreso de personas que no contribuyen al bienestar del país. "Los malandras, ocupas y oportunistas deben quedarse en sus casas y no venir a la Argentina a dañar a quienes residen aquí", concluyó.
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