Mientras se lleva a cabo el juicio oral sobre los autores materiales del intento de asesinato a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes de La Cámpora denuncian un pacto de impunidad que impide avanzar en la investigación de los autores intelectuales del atentado.
"Sectores muy chicos pero poderosos de la Justicia Federal entraron en pacto de impunidad para que no se sepa realmente qué ocurrió el 1 de septiembre del 2022 con Cristina Kirchner. Elevaron a juicio a los autores materiales, pero hay otras vinculaciones", aseguró Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
La ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, expresó: "La jueza Capuchetti se negó durante cuatro meses a pedir el teléfono de Milman, mientras él sabía lo que pasaba en la investigación. Entrega dos aparatos, uno comprado posterior al hecho y otro borrado a cero. Están cometiendo un delito gravísimo que es el de ocultamiento de un magnicidio. La Corte Suprema no actúa y el Poder Judicial muestra su peor cara".
Vilar añadió: "¿Qué le pasa a la jueza que no quiere investigar? Quizás tenga que ver con que haya sido designada por Macri, que tenga vínculos políticos con Ritondo, y que se haya descubierto que cobra un sueldo del Ministerio de Seguridad de CABA, algo que está terminantemente prohibido".
Gabriela Estévez, dirigenta cordobesa, agregó: "En dos semanas declarará Cristina en el juicio por el atentado en su contra. Este proceso juzga solo a los responsables materiales, sentenciará lo que todos vimos y es imposible omitir".
Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional, cuestionó: "¿Por qué Capuchetti sigue siendo jueza de la causa? Fue seis veces recusada por haber destruido la prueba del celular de Sabag Montiel, que se borró y rompió en su juzgado. Además, se negó a investigar la pista Millman (acusado por su secretaria) y tampoco investigó el financiamiento probado de la familia Caputto y más".
Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, afirmó: "El poder judicial oculta a los verdaderos responsables del atentado a Cristina Kirchner. La persecución judicial y la demonización a Cristina solo tienen como objetivo disciplinar a aquellos que tienen responsabilidades políticas para que no intenten enfrentarse contra el poder económico. Todos los días este gobierno le quita más derechos a la clase trabajadora, y no es causalidad. Ya lo había dicho Cristina, vienen por todo, no iban por ella, vienen por todo el pueblo argentino".
El intendente de Hurlingham, Damián Selci, también se refirió a la causa que reinicia las audiencias el próximo miércoles 31 de julio: "Mientras el pueblo argentino se encuentra padeciendo nuevamente el desempleo, la pobreza y el hambre, Cristina Fernández de Kirchner es objeto de una farsa judicial inédita, donde en una causa se la condena sin pruebas y en otra se omite investigar a los autores intelectuales del atentado en su contra. Bajan los salarios y atacan a Cristina. Destruyen las jubilaciones y atacan a Cristina. Suben el desempleo y atacan a Cristina. Privatizan el país y atacan a Cristina. Hambrean a los chicos y atacan a Cristina. No es solo correlación. Es sobre todo causalidad".
Rodolfo Tailhade también cuestionó que la causa no investigue a los autores intelectuales del intento de asesinato: "El juicio por el intento de magnicidio no sirve para saber quién mandó a matar a Cristina, sólo sirve para ver con claridad el pacto de impunidad entre sectores políticos, mediáticos y judiciales, para no investigar a los instigadores y los financistas del atentado".
Paula Penacca, diputada nacional porteña, añadió: "No lo vas a ver como titular de ninguno de los grandes medios de comunicación, pero detrás del intento de asesinato a Cristina hay un gran pacto que garantiza la impunidad de quienes fueron los autores intelectuales de este grave hecho".
La diputada y ex titular de PAMI, Luana Volnovich, sentenció: "Qué esconden? Los autores materiales sabemos quiénes fueron. Los vimos disparar en la TV, pero queremos saber quién lo diseñó, quién lo planeó, quién los financió".
El diputado nacional por Entre Ríos, Tomas Ledesma, recordó: "Y no nos olvidemos del diputado Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, quien le facilitó el perito informático que formateó su celular y los de sus asesoras. Milman es el diputado al que le escucharon decir en un bar 'cuando la maten voy a estar camino a la costa', días antes del atentado, y quien hasta el día de hoy, no ha sido acusado ni investigado".
Leila Chaher, diputada nacional jujeña, señaló: "La jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo solo obstaculizaron la investigación que hoy está plagada de irregularidades. La pregunta es, ¿a quién o quiénes protegen? Intentan invisibilizar el hecho más grave desde la vuelta de la democracia. ¿Por qué bajo la custodia de la jueza María Eugenia Capuchetti se rompió y se borró el celular de Sabag Montiel y esto no fue ni es un escándalo mediático ni judicial?"
La legisladora nacional Florencia Carignano cuestionó: "¿Por qué no investigan a Patricia Bullrich y al actual ministro Caputo, que le pagó millones de pesos a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, por hacer mesitas de luz? Muy turbio todo".
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