La División de Investigaciones (DDI) de El Calafate llevó adelante un allanamiento en una vivienda de la calle Sorrosua al 500, en el marco de una investigación por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción y del Menor de El Calafate, a cargo del Dr. Alberto Abel Ludueña, tras una solicitud de la Fiscalía local.
Secuestro de dispositivos electrónicos y elementos vinculados a drogas
Durante el operativo, los investigadores incautaron una serie de dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para determinar la magnitud de la actividad ilegal. Entre los elementos secuestrados se encuentran:
- 3 notebooks
- 5 teléfonos celulares
- 2 consolas de videojuegos
- 1 PlayStation 5
- Varios DVD y otros soportes magnéticos
- 6 pendrives
- 6 tarjetas de memoria
Además, durante la requisa se encontraron elementos vinculados a una posible infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, lo que motivó la intervención de la Unidad Fiscal de Río Gallegos. En el lugar se hallaron:
- 1 planta de cannabis sativa
- Un envoltorio con sustancia vegetal sospechosa
- Iluminación LED y ventiladores
- Un termómetro digital
- Fertilizantes y otros elementos de acondicionamiento
El principal sospechoso, un hombre de 32 años, quedó vinculado a la causa y fue puesto a disposición de la Justicia.
Cómo se originó la investigación
Este tipo de investigaciones suelen iniciarse a partir de alertas del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), una organización estadounidense que rastrea y reporta la circulación de material ilegal en la web.
El sistema permite detectar automáticamente archivos prohibidos cuando son subidos o compartidos en internet, generando reportes que incluyen direcciones IP y otros datos relevantes. Estas alertas son enviadas a las autoridades de cada país, permitiendo que las fiscalías inicien las investigaciones correspondientes y ordenen allanamientos.
La Policía de Santa Cruz ratificó su compromiso en la prevención y represión de delitos contra la integridad sexual de menores, en coordinación con organismos judiciales y tecnológicos de alcance nacional e internacional.
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