El fallo de Dolores marca un límite institucional al secretismo oficialista. El expediente del DNU con el FMI debe ser público en cinco días. ¿Qué esconde Economía?
La Justicia acaba de emitir un golpe certero contra el blindaje informativo con el que el Gobierno nacional intenta manejar la deuda externa como si se tratara de una caja negra. El Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía a entregar, en un plazo de cinco días hábiles, el expediente completo del DNU 179/2025, por el cual el Ejecutivo contrajo un crédito multimillonario con el Fondo Monetario Internacional.
La decisión judicial, que responde a una acción de amparo presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), constituye mucho más que un fallo administrativo: es una defensa activa del derecho democrático a saber cómo se comprometen los recursos del país.
Un expediente escondido a propósito
El fallo no deja lugar a dudas: Economía intentó burlar la Ley 27.275 mediante maniobras “administrativas” diseñadas para ganar tiempo y evitar la entrega de la documentación. Primero aceptaron el pedido de información, luego solicitaron prórroga y, finalmente, negaron su aplicación, pasándose a un régimen interno más restrictivo.
La justicia no se dejó engañar. El juez sostuvo que no hay norma burocrática que pueda estar por encima de una ley sancionada en democracia. Y fue aún más claro: “La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, citando a la Corte Suprema.
Un DNU que huele a secreto y a vergüenza
El DNU 179/2025 autoriza una deuda externa sin precedentes, pero —como reveló el fallo— no explicita condiciones ni motivos del endeudamiento. ¿A qué tasa se tomó? ¿Cuál es el cronograma de pagos? ¿Qué cláusulas de inmunidad se firmaron? ¿Se hipotecaron recursos naturales? ¿Cuánto ganan los bancos intermediarios? Nada de eso se sabe. Y eso no es sólo una omisión: es una falta ética y legal.
La ley de Acceso a la Información Pública establece que este derecho se rige por el “principio de máxima divulgación”. Pero Caputo y Milei —como ya hicieron con el RIGI, las privatizaciones o la dolarización— insisten en gobernar sin explicar, sin dar la cara.
Transparencia o tiranía: no hay punto medio
Este fallo no sólo obliga al Ministerio de Economía a entregar los papeles. También deja expuesto el desprecio del oficialismo por el control ciudadano. Una gestión que niega información sobre una deuda de 20 mil millones de dólares no solo oculta: traiciona.
¿Se imaginan qué hubiese dicho Milei en campaña si Cristina Kirchner hubiese firmado un crédito sin mostrar un solo papel?
Final abierto, pero con precedente
El caso sienta jurisprudencia y pone al desnudo una práctica sistemática: el Gobierno oculta lo que debería ser público y banaliza lo que afecta directamente a generaciones enteras. El expediente del DNU con el FMI ahora debe ser entregado, con anexos y documentos incluidos. Habrá que ver si cumplen. Porque si no, la Justicia debería ir más lejos.
El derecho a la información no es un capricho progresista. Es una garantía democrática. Y hoy, en la Argentina de Milei, defenderlo es un acto de resistencia institucional.
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