Milei y Caputo le ponen techo a los gremios: el Gobierno no autoriza aumentos por encima de la inflación

Esta vez, por el reclamo sindical de reabrir paritarias ante la suba inflacionaria de marzo, que cerró en 3,7%, según el INDEC. La respuesta oficial fue tan seca como provocadora:
“Es un problema entre privados”.

La frase, que se dejó correr desde Balcarce 50 como línea oficial, intenta despegar al Estado de una realidad laboral que no solo desborda a los gremios, sino que aprieta cada vez más el bolsillo de los trabajadores registrados. En paralelo, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo ya bajó una orden tajante: ninguna paritaria puede firmarse por encima de la inflación, aunque eso implique ajustar por debajo del costo de vida.

“No se sostiene la situación”

El malestar sindical se volvió a visibilizar este lunes con declaraciones de Octavio Arguello, uno de los co-secretarios generales de la CGT, quien apuntó contra el modelo libertario:
“La inflación se ha ido a 3.7%, y el Gobierno sigue insistiendo en firmas paritarias por debajo del 1%. Vamos a pedir revisión de paritarias porque no se sostiene la situación”.

La queja no encontró eco. Ni en la Secretaría de Trabajo, ni en Casa Rosada. El equipo que responde a Julio Cordero, bajo estricta supervisión de Caputo, bloquea sistemáticamente cualquier intento de mejora salarial que supere el IPC, bajo el argumento de que eso “calienta la inflación”.

Sin embargo, desde los gremios la lectura es opuesta: el poder adquisitivo sigue arrasado desde la devaluación de diciembre de 2023, y los aumentos otorgados quedaron viejos antes de ser cobrados.

Reforma laboral encubierta y paritarias en pausa

Mientras niega la reapertura de negociaciones salariales, el Gobierno mantiene vivos los canales de diálogo con el sindicalismo. En los pasillos del poder aseguran que hay margen para una nueva cumbre con Los Gordos, pero con una agenda distinta: la reforma laboral.

En la mira están dos objetivos:

• Modificar la Ley de Contrato de Trabajo (20.744)
• Eliminar la cuota solidaria obligatoria que financia a los sindicatos

Ambas iniciativas forman parte del fracasado DNU 70/2023, que fue parcialmente neutralizado por la justicia tras una presentación de la propia CGT. Sin embargo, el gobierno insiste en reactivar esos puntos a través del Congreso o por decreto.

En ese contexto, la figura de Guillermo Francos, ministro del Interior y operador clave con el sindicalismo, vuelve a cobrar protagonismo. Fue él quien en su momento mantuvo abierto un cuarto intermedio con el triunvirato cegetista, que aún sigue latente.

“La intención del gobierno es avanzar en una reforma que flexibilice las condiciones laborales, aunque eso implique mayor conflictividad”, reconoció una fuente del oficialismo.

Paros, tensiones y el fantasma de abril

A pesar de las reuniones y los canales informales, el malestar no deja de crecer. El último paro general del 9 y 10 de abril, con 36 horas de paro y movilización, fue el tercer paro nacional contra Milei, y dejó en evidencia que el frente gremial sigue activo, aunque fracturado.

Según reveló este medio, días antes del paro Francos intentó desactivar la medida, llamando personalmente a Héctor Daer, Gerardo Martínez y Hugo Moyano. La movida no prosperó.

Mientras tanto, el oficialismo se mueve en dos planos: por un lado alimenta el diálogo, por el otro se ensaña públicamente con figuras del sindicalismo tradicional.

“Armando Cavalieri gana 800 mil dólares al año gracias a los aportes no contributivos de sus aportantes”, dispararon desde un despacho en Casa Rosada.
“Ni Globant gana esa cifra”, agregó la misma fuente sin dar más precisiones.

El golpe directo al titular de Comercio, uno de los gremios con mayor cantidad de afiliados del país, no es casual: forma parte de una estrategia más amplia que busca deslegitimar a la dirigencia sindical, apoyándose en la alta imagen negativa que hoy registra ese sector en las encuestas.

Sindicalismo en la mira

Las últimas mediciones muestran que más del 60% de la población tiene una imagen negativa de la CGT y sus dirigentes, algo que en el gobierno ven como un “activo político” a explotar. El plan parece claro: dividir a los trabajadores de sus representantes.

Con este respaldo social, en Casa Rosada no descartan profundizar los ataques mediáticos y al mismo tiempo intentar cerrar acuerdos individuales con gremios más afines o fragmentados.

“No tenemos problemas con los trabajadores. El problema son los que se creen dueños de la representación”, aseguran cerca de Caputo.