La decisión del Gobierno Provincial de Santa Cruz de reducir la coparticipación destinada a Río Gallegos encendió el malestar en la ciudad y provocó una contundente respuesta del municipio, que denuncia que este recorte amenaza directamente la capacidad de la ciudad para atender necesidades básicas.
Con una pérdida estimada del 3% en los ingresos, la Municipalidad, se manifestó en conferencia de prensa encabezada por el Jefe de Gabinete Diego Robles, quien advirtió que esta decisión deja a Río Gallegos con una carga financiera injusta y arbitraria.
Robles, visiblemente molesto, no dudó en calificar la medida como perjudicial para la ciudad y sus habitantes. "Estamos basándonos en cifras de población que sabemos que no reflejan la realidad", expresó. Señaló que mientras el censo oficial indica 115.000 habitantes en Río Gallegos, los datos recientes del INDEC sitúan la cifra en al menos 127.719. "El propio gobernador habla de 377.000 habitantes en toda la provincia, pero en el reparto, Río Gallegos es tratada como si no existiera o valiera menos", sentenció Robles, poniendo en duda la equidad y transparencia de la medida.
La ley de coparticipación utilizada para justificar este recorte data de 1982 y, según Robles, se aplica sin actualizar los criterios ni adaptarse a las necesidades actuales de los municipios. "Nos aplican criterios de hace cuatro décadas para determinar cuánto nos toca. Así no se puede gestionar una ciudad como esta, ni ofrecer servicios básicos con los recursos adecuados", agregó. En un claro tono de indignación, denunció además que la distribución de fondos resulta arbitraria, y beneficia a otras localidades mientras castiga a la capital provincial.
Los Vecinos y el Municipio, Directamente Perjudicados
El recorte de ingresos ya afecta las proyecciones de fin de año y amenaza con impactar en los proyectos de infraestructura y en la prestación de servicios, perjudicando principalmente a los vecinos de Río Gallegos. "Lo que necesitamos es una distribución justa de los recursos. No es solo un problema administrativo, es un problema para la gente que vive aquí y que depende de esos recursos para una mejor calidad de vida", enfatizó Robles, señalando que la medida pone en riesgo la autonomía del municipio.
A pesar del recorte, Robles aseguró que la Municipalidad mantendrá su compromiso con los trabajadores y confirmó que esta semana convocarán a paritarias con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM). "Nos quieren quitar recursos, pero aun así vamos a hacer todo lo posible para asegurar que los salarios le ganen a la inflación. Seguiremos trabajando por la gente, pese a la falta de apoyo de la provincia", declaró.
Posible Recurso Judicial
Frente a lo que considera una acción arbitraria, la Municipalidad evalúa una presentación judicial para revertir la medida. Robles explicó que un equipo de abogados estudia la posibilidad de demandar a la Provincia por aplicar criterios de coparticipación basados en datos que “saben que son incorrectos”. “La propia ley establece que el reparto debe ajustarse a los censos, pero ni siquiera consideran otros indicadores que reflejan nuestra población real, como el padrón electoral, los medidores de servicios o las vacantes educativas”, cuestionó el funcionario.
"Una ciudad abandonada por el Gobierno Provincial"
Robles cerró su mensaje con palabras duras hacia el Gobierno Provincial. “Nos tratan como una ciudad de segunda, mientras los vecinos pierden calidad de vida. El Estado provincial se niega a ver nuestra realidad y nos impone una carga injusta, mientras favorece a otras ciudades”. La Municipalidad ya presentó un proyecto de reforma de la coparticipación, impulsado por el diputado Eloy Echazú, que busca asegurar una distribución justa y acorde a la población actual, aunque el proceso aún enfrenta resistencia en la Legislatura.
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