El Gobierno nacional confirmó que aprobará el nuevo acuerdo (más deuda externa) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), evitando así el debate parlamentario y violando el cumplimiento de la Ley 27.612, que establece que cualquier toma de deuda en moneda extranjera debe pasar por el Congreso.
A pesar de esta maniobra, la Casa Rosada anunció que enviará el decreto al Congreso Nacional para obtener su "apoyo", un gesto meramente simbólico, ya que la decisión ya estará tomada.
"Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", reza el comunicado oficial.
Sin embargo, el anuncio no incluyó detalles clave sobre el acuerdo, como si habrá nuevos desembolsos o cuándo se firmará el pacto con el FMI.
Un DNU para violar la ley y evitar el debate
La decisión de avanzar con un DNU en lugar de un proyecto de ley ya generó fuertes cuestionamientos. Dentro del propio oficialismo existía la postura de mandar el acuerdo al Congreso, pero finalmente se optó por una vía de escape dudosamente legal para evitar el control parlamentario.
El DNU 846/2023, que ya le permite al Gobierno renegociar la deuda pública en términos que podrían ser negativos para el país, ahora se refuerza con esta nueva maniobra.
Los críticos advierten que si el Congreso deja pasar este decreto, Milei tendrá carta blanca para firmar cualquier acuerdo con el FMI, sin obligación de presentar detalles sobre tasas de interés, plazos o impacto en la economía argentina.
¿Baja de deuda o nueva trampa?
Para defender su decisión, el Gobierno insiste en que el acuerdo con el FMI "implicará una reducción del total de la deuda pública", ya que permitirá cancelar deuda del Tesoro con el Banco Central.
Sin embargo, economistas advierten que este tipo de operaciones pueden terminar cambiando deuda interna por deuda externa, lo que beneficia a los acreedores y podría comprometer aún más la economía argentina a futuro.
El Congreso, otra vez cancelado
Además de esquivar el debate legislativo, el Gobierno incurre en una acción innecesaria: "remitir" el DNU al Congreso. En realidad, los decretos de necesidad y urgencia no necesitan aprobación legislativa para entrar en vigencia, aunque el Congreso tiene la facultad de derogarlos.
La referencia a este "envío" al Congreso parece más una jugada política que un verdadero pedido de respaldo. El antecedente más cercano es el DNU 70/2023, que fue rechazado en el Senado, pero nunca tratado en Diputados, lo que permitió que siguiera en vigencia.
Con esta estrategia, el Gobierno de Milei se blinda ante el control parlamentario, pero al mismo tiempo se enfrenta a una creciente resistencia política, no solo en la oposición sino también en sectores empresariales que esperaban mayor transparencia en la negociación con el FMI.
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