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Vie, Oct

Nacional

En medio de las crecientes tensiones entre las provincias y el gobierno nacional, la administración de Javier Milei decidió no discutir la reforma de la coparticipación federal antes de las elecciones de 2025.

Esto a pesar de los constantes reclamos de varios gobernadores que ven esta modificación como algo urgente para garantizar una distribución más justa de los recursos. Durante el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, gobernadores como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca) e Ignacio Torres (Chubut) volvieron a pedir que se revise la ley 23.548, que es la que define cómo se reparten los fondos entre la Nación y las provincias.

Los gobernadores piden una distribución más justa de los recursos

Uno de los más firmes en su reclamo fue Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos. Destacó que su provincia aporta recursos a la Nación a través de impuestos como el cheque, una parte del IVA y los combustibles, pero no recibe un retorno justo. "Este año, Entre Ríos no recibió nada de eso", denunció Frigerio, reflejando la indignación de las provincias que sienten el impacto del ajuste aplicado por el gobierno libertario. Ignacio Torres, de Chubut, también expresó su descontento, calificando la reforma de la coparticipación como un "acto de justicia" que debe discutirse pronto, aunque reconoció que algunas decisiones podrían implementarse mediante decretos.

Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, recordó que a su provincia le quitaron un punto de coparticipación a finales de los años ochenta y nunca se lo devolvieron. Sin embargo, fue más cauteloso y señaló que modificar la ley de coparticipación "es una ilusión", ya que una sola provincia podría bloquear la reforma. Sugirió que es más viable avanzar en nuevos pactos fiscales.

La respuesta del Gobierno: nada antes de 2025

A pesar de la presión de los gobernadores, el gobierno nacional, alineado con la visión de Javier Milei, dejó claro que no se discutirá la coparticipación antes de las elecciones presidenciales de 2025. Un alto funcionario de la Casa Rosada afirmó que, aunque la coparticipación no requiere el consenso de todas las provincias, aún no hay una propuesta formal por parte de los mandatarios provinciales. Además, criticó que la única demanda concreta ha sido la coparticipación del impuesto PAÍS o el impuesto al cheque, algo que calificó como "poco serio" para iniciar el debate.

El gobierno se mantiene firme en que las provincias deben reducir sus gastos en lugar de depender tanto de los recursos que vienen de la Nación. Esta visión, planteada por Milei durante la presentación del Presupuesto 2025, va de la mano con el ajuste fiscal que busca implementar su administración.

Finalmente, el gobierno dejó claro que, debido a la actual minoría de La Libertad Avanza en el Congreso, no será posible impulsar una nueva ley de coparticipación en el corto plazo. "En diciembre del año que viene, con 80 o 90 diputados libertarios, se puede sancionar una nueva Ley de Coparticipación", aseguró el funcionario, posponiendo la discusión para después de las elecciones.

El trasfondo del reclamo: ajuste y recursos limitados

La frustración de los gobernadores se da en un contexto de ajuste económico que ha afectado gravemente los recursos automáticos y no automáticos que reciben las provincias. Desde principios de año, muchos mandatarios habían condicionado su apoyo a la Ley de Bases a cambio de discutir un nuevo pacto fiscal, algo que finalmente no ocurrió.

La Constitución de 1994 establece que la ley de coparticipación debía reformarse antes de 1996, pero eso nunca se concretó. La falta de una actualización en la distribución de los recursos genera una creciente tensión entre el gobierno central y las provincias, que ven en esta ley una herramienta obsoleta y desfavorable para sus economías.

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