Dos años después: ¿Por qué la justicia aún no esclarece el ataque a Cristina Kirchner?

Aquel día, en medio de una manifestación frente a su domicilio en Recoleta, un arma apuntada a centímetros de su rostro no se disparó, y en ese instante, la historia pudo haber tomado un curso mucho más trágico. Dos años después, es crucial hacer un balance exhaustivo de lo que este episodio significó, no solo en términos políticos, sino también en el campo judicial y social.

Cuando analizamos aquel día y los eventos que lo rodearon, es imposible no preguntarnos: ¿cómo llegamos a un punto donde la violencia política se materializó de una forma tan cruda? La polarización extrema, el discurso de odio que se fue instalando en el debate público, y la constante confrontación que caracterizó al escenario político, parecen haber sido el caldo de cultivo perfecto para que un intento de magnicidio se convirtiera en una realidad. Pero más allá de la reflexión sobre el contexto, lo que verdaderamente nos debe ocupar hoy es el capítulo judicial de esta historia.

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron rápidamente identificados como los autores materiales del atentado. La investigación reveló que no actuaron solos, sino que formaban parte de un grupo más amplio, la llamada "Banda de los Copitos", quienes compartían una ideología extremista que los llevó a planear este ataque. Sin embargo, la pregunta que sigue resonando es: ¿fueron solo ellos, o hubo autores intelectuales y financistas detrás de este hecho? Y si los hubo, ¿por qué la justicia no ha logrado avanzar lo suficiente en esa dirección?

El proceso judicial ha sido, hasta ahora, una serie de obstáculos y demoras que han dejado más preguntas que respuestas. A pesar de las conexiones que Sabag Montiel y Uliarte pudieron haber tenido con ciertos sectores del mundo político y mediático, la investigación parece haber quedado estancada en el terreno de las hipótesis. Las dilaciones en la justicia argentina no son un fenómeno nuevo, pero en un caso de tal magnitud, resulta alarmante la falta de avances concretos que puedan esclarecer si hubo un apoyo financiero o logístico detrás de este atentado.

Y aquí es donde el análisis debe profundizarse. La justicia no solo tiene el deber de identificar y castigar a los responsables directos de este hecho, sino también de abordar el entorno que lo hizo posible. Los discursos de odio que se han naturalizado en algunos sectores de la sociedad y que, aunque no incitan directamente a la violencia, la legitiman en algún nivel, son parte de un problema mucho más amplio. Si no se aborda esta cuestión, corremos el riesgo de que hechos como este se repitan en el futuro.

La frustración aumenta cuando observamos que, a dos años del intento de magnicidio, las respuestas judiciales siguen siendo insuficientes. Sabemos que hubo fallas graves en la seguridad, pero la falta de conclusiones firmes sobre la posible existencia de autores intelectuales o financistas deja un vacío que solo alimenta la desconfianza en el sistema judicial. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué no se avanza más rápido? ¿Hay intereses que buscan entorpecer el esclarecimiento completo del caso, o es simplemente una cuestión de ineficiencia?

Este aniversario debería servirnos para hacer un balance, no solo de lo que pasó, sino de cómo seguimos adelante como sociedad. ¿Podemos permitir que un hecho tan grave quede impune? La justicia argentina tiene una deuda pendiente con la sociedad: esclarecer todas las aristas de este caso y demostrar que en nuestro país, los atentados contra la democracia no quedan sin castigo.

En resumen, a dos años del intento de asesinato a Cristina Kirchner, nos encontramos en una encrucijada entre justicia e impunidad. La sociedad argentina no puede permitirse que este episodio quede en el olvido o, peor aún, que se repita. Es hora de que la justicia actúe con celeridad y contundencia, llevando a los responsables, en todos los niveles, ante la ley. Solo así podremos cerrar este capítulo oscuro de nuestra historia reciente y evitar que la violencia política siga siendo una amenaza latente en nuestro país.

¿Qué debemos esperar en los próximos meses? ¿Habrá un cambio de rumbo en la investigación o nos enfrentamos a otro ejemplo de impunidad? Esas son las preguntas que, hoy más que nunca, necesitan una respuesta clara y contundente.