En una contundente declaración, la Unión Cívica Radical (UCR) pidió este martes a sus diputados nacionales que impulsen la "máxima sanción" contra los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que visitaron a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar (1976-1983).
"La gravedad de estos hechos no tiene precedentes en los 40 años de democracia", expresó el partido en un comunicado oficial, marcando una línea roja en el contexto político actual.
El repudio de la UCR no se limitó a condenar la visita, sino que denunció un intento deliberado de "avasallar las decisiones de la Justicia", que en procesos transparentes y con todas las garantías constitucionales, condenó a los responsables del terrorismo de Estado. Este gesto del partido radical no solo reaviva el compromiso histórico con los derechos humanos que la UCR ha mantenido desde el gobierno de Raúl Alfonsín, sino que también pone en evidencia la tensión política que genera el acercamiento de ciertos sectores al pasado más oscuro de Argentina.
La polémica se intensificó tras las revelaciones de Lourdes Arrieta, una diputada de LLA que participó en la visita y que, en un giro inesperado, decidió exponer los detalles de ese encuentro a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter). En un extenso hilo publicado el domingo por la noche, Arrieta compartió capturas de chats internos que muestran cómo se organizó la visita, así como las discusiones entre los legisladores del oficialismo sobre un proyecto que, en secreto, buscaba beneficiar a los represores otorgándoles la libertad o, al menos, facilitar su prisión domiciliaria.
El escándalo tomó mayor dimensión cuando quedó en evidencia que estas acciones se llevaron a cabo sin el conocimiento del presidente Javier Milei, lo que desató una crisis interna en LLA. Arrieta no solo reveló el proyecto, sino que también lanzó críticas al gobierno, generando un sismo político dentro del espacio libertario.
Además de pedir sanciones, la UCR solicitó que se investiguen posibles vínculos entre los diputados de LLA y los abogados que exploran alternativas legales para liberar a los genocidas condenados. “Los radicales somos tributarios del compromiso con los derechos humanos y la búsqueda de la verdad y justicia que inició Raúl Alfonsín al asumir el gobierno en 1983, y hemos hecho del Nunca Más nuestra causa”, concluyó el comunicado de la UCR, ratificando su postura firme en la defensa de los derechos humanos.
Este episodio no solo reabre heridas del pasado, sino que también pone en cuestión los límites éticos y políticos en una democracia que se enfrenta a desafíos que parecían superados. La respuesta que el Congreso y la Justicia den a estas denuncias será crucial para definir el rumbo de la política argentina en los próximos meses.
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