El gobierno de Misiones denunció este sábado a efectivos policiales y penitenciarios por "sedición" y otros delitos graves luego de la toma del Comando Radioeléctrico Uno en Posadas. El conflicto se desató en medio de una protesta por mejoras salariales, que también derivó en la sustracción de vehículos oficiales, incluyendo patrulleros y una autobomba.
El gobernador Hugo Passalacqua, junto al Comité de Crisis de la provincia, tomó la decisión de presentar la denuncia formal contra los manifestantes. Además de la sedición, los cargos incluyen "robo y hurto calificado, incitación a la violencia, interrupción de comunicaciones y transporte", según confirmó el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez.
La situación tensa escaló rápidamente cuando los miembros de la policía provincial y el Servicio Penitenciario tomaron las instalaciones del Comando Radioeléctrico en el centro de Posadas. A pesar de la gravedad de los hechos, el suboficial Germán Palavecino, vocero de la mesa de enlace policial, negó que se tratara de un "acuartelamiento". Palavecino defendió la acción como una medida para "visibilizar la urgencia del sector", subrayando la necesidad de una recomposición salarial superior al 100% para alcanzar la canasta básica.
El conflicto se agudizó cuando, a última hora del viernes, las autoridades provinciales anunciaron un aumento salarial que fue rechazado por los efectivos por considerarlo insuficiente. Ante esta negativa, el Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich, decidió intervenir enviando un contingente de 200 gendarmes a Misiones y formando un Comité de Crisis, encabezado por Bullrich y el gobernador Passalacqua.
Las autoridades judiciales solicitaron la devolución inmediata de los vehículos sustraídos durante la protesta, mientras las negociaciones continúan en busca de una solución al conflicto.
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