Los Concejales se niegan a derogar la ordenanza fracasada nº 8426/14 la cual nos condujo a la situación que hoy padecen los vecinos y animales. El problema de fondo es que ambos bloques, tanto el radicalismo como el FpV, insisten con que el vecino es responsable de la sobrepoblación animal.
Si bien en su discurso admiten que es función indelegable del ESTADO velar por la salud pública ya que cuenta con los recursos, infraestructura, personal y financiamiento para implementar un programa de castración gratuita, masiva y sostenida en el tiempo, en la práctica no tienen intenciones de plasmarlo.
Los Concejales hablan de castraciones gratuitas pero insisten con las multas a los "dueños irresponsables", penalizando a quienes no tienen la posibilidad de acceder a un servicio público.
El proyecto de los ediles habla de tercerización del servicio veterinario en donde las veterinarias particulares castren y con esa "colaboración" se les bajen los impuestos municipales. La realidad es que esto se implementó y no funcionó ya que si vas a un particular se pierde la posibilidad de reeducar a la población al mismo tiempo que se fomenta un servicio privado y no el público.
El financiamiento del programa, por otro lado, no debe ser por medio de una tasa que paguen los vecinos e ingrese al municipio como impuesto, tal como proponen los ediles, si no que sean los sectores más rentables de la economía los que coloquen los recursos: el casino, inmobiliarias, supermercados, entre otros.
El Partido Obrero plantea que el único método ético, económico y eficaz de controlar la población de la fauna urbana es por medio de la castración y educación a los vecinos. Por políticas públicas de Estado y un plan integral de castraciones.