La senadora santacruceña Alicia Kirchner presentó este jueves en el Senado de la Nación un proyecto de declaración en el que rechaza el decreto de Javier Milei que transforma Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima, abriendo la puerta a su privatización.
"¿Este es el valor que le dan al trabajo, a las familias que viven ahí y al futuro energético del país?", cuestionó la legisladora de Unión por la Patria, alertando sobre la incertidumbre que genera la medida en los trabajadores y la comunidad de la Cuenca Carbonífera.
Un yacimiento de 500 años de reservas valuado en solo 30 millones de pesos
En los fundamentos del proyecto, Kirchner criticó que el decreto 115/2025 fija un capital social de apenas 30 millones de pesos, representado por 30.000 acciones de $1.000 cada una.
Datos clave del rechazo al decreto:
- YCRT posee reservas de carbón para 500 años.
- Cuenta con una usina carboeléctrica casi finalizada, vías férreas, locomotoras, puerto y oficinas en Buenos Aires, Río Gallegos y Río Turbio.
- El pasivo de la empresa es absorbido por el Estado Nacional, sin aclarar qué pasará con los trabajadores.
"Están preparando el terreno para que un privado pueda adquirir el 49% de la empresa a precio vil", advirtió la senadora. Y lanzó una pregunta directa:
"¿A quién quieren regalarle la empresa? ¿Será alguno de los empresarios que pagan la tarifa para entrevistarse con el Sr. Presidente?".
Preocupación por los puestos de trabajo y el impacto en Santa Cruz
Kirchner hizo hincapié en la falta de claridad sobre el futuro de los trabajadores, una situación que afecta a toda la Cuenca Carbonífera y a localidades como Río Turbio, 28 de Noviembre, Julia Dufour, Turbio Viejo y Rospentek.
"Es nuestra responsabilidad garantizar que se respete el derecho de cada trabajador a la estabilidad laboral y a la continuidad de sus funciones en una empresa que ha sido fundamental para el desarrollo del suroeste de Santa Cruz".
También criticó la falta de diálogo con los trabajadores y la comunidad, señalando que las decisiones se toman "a miles de kilómetros" y de espaldas a quienes mantienen en pie el yacimiento.
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