El caso $LIBRA ya escaló a niveles internacionales con la presentación de denuncias judiciales en Estados Unidos, en las que se acusa al presidente Javier Milei de haber promovido irresponsablemente un activo digital que resultó en pérdidas millonarias para miles de inversores.
La controversia pone en el centro del debate la responsabilidad de figuras públicas en la promoción de criptomonedas y podría derivar en consecuencias legales y políticas tanto en Argentina como en el extranjero.
El origen del escándalo
Todo comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en sus redes sociales un mensaje en el que recomendaba el proyecto “Viva la Libertad”, que incluía el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA en la blockchain de Solana.
Explosión y caída del precio: Tras el respaldo presidencial, el token alcanzó brevemente los 5 dólares, pero en pocas horas se desplomó a menos de 1 dólar.
Rug pull y pérdidas millonarias: Se estima que 40.000 inversores fueron perjudicados mientras que los fundadores, que controlaban el 70% del circulante, obtuvieron ganancias al vender sus tenencias antes del colapso.
Ante el escándalo, Milei borró su publicación y declaró que no estaba al tanto de los detalles del proyecto. Sin embargo, la magnitud de las pérdidas desató una ola de denuncias judiciales y un impacto mediático global.
Denuncias en Estados Unidos:
Las demandas presentadas en Estados Unidos implican a Javier Milei, asesores cercanos y directivos de KIP Protocol, la empresa panameña detrás de $LIBRA.
Denuncia penal ante el Departamento de Justicia y el FBI:
El estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, con presencia en Estados Unidos, presentó una denuncia penal por estafa, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación sostiene que Milei indujo a error a miles de inversores al promocionar el token sin verificar su legitimidad.
Demandas colectivas ("class actions") en Nueva York:
La firma Burwick Law, especializada en protección de consumidores digitales, está organizando acciones colectivas en representación de afectados en Estados Unidos, Europa y Asia. Según su managing partner, los damnificados perdieron millones de dólares y buscan recuperar sus inversiones a través de litigios civiles.
Otras figuras implicadas:
Además de Milei, la denuncia menciona a Hayden Mark Davis y a directivos de KIP Protocol, señalando que la empresa no estaba debidamente registrada ni autorizada para operar como intermediaria financiera.
Impacto y posibles consecuencias
Las denuncias en Estados Unidos podrían derivar en procesos judiciales con repercusiones internacionales. Aunque Milei cuenta con inmunidad en Argentina, una causa en tribunales estadounidenses podría afectar sus relaciones diplomáticas y financieras.
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