El Gobierno de Javier Milei ordenó la disolución de la Unidad Especial de Investigación (UEI) destinada a la búsqueda de menores desaparecidos durante la última dictadura militar.
Esta medida, que ha generado un profundo rechazo entre organismos de derechos humanos, fue anticipada por Abuelas de Plaza de Mayo, quienes habían advertido sobre la posible eliminación del organismo.
A través del decreto 727/2024, el presidente Milei derogó la normativa 715 del 9 de junio de 2004, instaurada durante el gobierno de Néstor Kirchner, que había creado la UEI en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Esta unidad fue fundamental en la recuperación de la identidad de nietos y nietas apropiados durante la dictadura.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, justifica la derogación argumentando que la UEI tenía "acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos", lo cual, según el gobierno, violaba "nuestro régimen constitucional". En lugar de la UEI, el decreto asigna la responsabilidad de investigar estos casos al Ministerio Público Fiscal, mediante la creación de una nueva unidad en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
El texto oficial también cuestiona la presunta vulneración de derechos constitucionales, específicamente el artículo 43, que protege el derecho a la intimidad. Según el gobierno, las facultades de la UEI contravenían varios artículos de la Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148.
Las Repercusiones: Abuelas de Plaza de Mayo en Alerta
La decisión de disolver la UEI no fue bien recibida. Abuelas de Plaza de Mayo había alertado que esta medida "ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas" y representará "un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado". La organización, que cuenta con cerca de 7,000 denuncias de posibles hijos e hijas de desaparecidos, ha expresado su profunda preocupación por las consecuencias que esta decisión podría tener en la búsqueda de la verdad y la justicia en Argentina.
Creada en 2004, la UEI jugaba un rol esencial en la asistencia a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, evitando así la apertura de causas judiciales improcedentes. La disolución de este organismo representa, según Abuelas, un retroceso en la lucha por la restitución de la identidad de los nietos y nietas apropiados durante el terrorismo de Estado.
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