El Comité contra la Tortura expresó preocupación por la violencia policial desmedida, la criminalización de la protesta y el negacionismo oficial sobre el terrorismo de Estado.
No es un cable perdido ni un “ataque de progresistas”. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas acaba de emitir un informe que desnuda, con precisión quirúrgica, lo que muchos sectores sociales vienen denunciando desde diciembre de 2023: la Argentina vive una regresión alarmante en materia de derechos humanos, marcada por la represión de la protesta social, la violencia institucional y el hostigamiento a los sectores más vulnerables.
El documento, difundido en el marco del 83° período de sesiones de la ONU en Ginebra, exhorta al Estado argentino a frenar “las detenciones masivas, el trato discriminatorio y los actos de violencia desproporcionados por parte de agentes del orden”, especialmente durante manifestaciones públicas. La crítica no es abstracta: refiere a casos concretos ocurridos en barrios populares, contra personas en situación de calle, niños, niñas y trabajadores sexuales.
Pero el informe va más allá. Señala la existencia de detenciones sin orden judicial, la ausencia de supervisión en los llamados “operativos preventivos” y la falta de garantías mínimas en las condiciones de arresto. Denuncia también “exámenes médicos de ingreso a centros de detención realizados de forma superficial y en presencia de policías”, lo que constituye una violación directa de estándares internacionales básicos.
La respuesta oficial: negacionismo y relativismo
En la sesión celebrada en Suiza, la delegación argentina —encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi— dejó en evidencia el nuevo posicionamiento del gobierno de Javier Milei. Lejos de aceptar críticas o comprometerse con mejoras, Baños llegó a negar la cifra histórica de 30.000 detenidos desaparecidos durante la última dictadura. “Nos quieren de rodillas dando explicaciones sobre lo que no hay que explicar”, declaró, en un tono que bordea el negacionismo explícito.
Este intento de deslegitimar los organismos de derechos humanos y relativizar los crímenes de lesa humanidad no pasó inadvertido para el Comité. En el mismo informe, la ONU instó al Estado argentino a garantizar la preservación de los archivos históricos, continuar las investigaciones judiciales sobre el terrorismo de Estado y proveer reparación integral a las víctimas.
Violencia institucional: un patrón sostenido
El Comité recibió denuncias de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza policial en Tucumán, CABA y Buenos Aires. Alertó sobre personas detenidas por más de seis meses —e incluso más de un año— en comisarías sin acceso a la justicia, y cuestionó duramente la ausencia de un registro nacional unificado de personas privadas de libertad, lo cual obstaculiza el control ciudadano y judicial sobre el sistema penal.
También exigió que se graben todos los operativos de represión durante manifestaciones públicas, y que esas grabaciones estén disponibles para organismos independientes de investigación.
¿Retroceso o modelo? Una advertencia internacional
El informe de la ONU no sólo señala lo que está mal. Lo que denuncia, en realidad, es el modelo represivo que se empieza a consolidar como política de Estado. Un modelo que criminaliza la protesta, demoniza la pobreza, persigue la disidencia, y se ampara en el discurso de “orden y limpieza” para justificar el uso brutal de las fuerzas.
En lugar de corregir el rumbo, el Gobierno nacional —con una ministra como Patricia Bullrich al frente de Seguridad— opta por profundizar ese camino. La visita de Baños a Ginebra no fue un descuido comunicacional: fue la ratificación diplomática del rumbo elegido. Y el silencio oficial posterior al informe confirma que no habrá cambios voluntarios.
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