Un organismo creado para atender a personas con discapacidad se transforma, según la fiscalía, en el epicentro del mayor escándalo institucional del gobierno de Javier Milei.
El expediente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya dejó de ser un simple caso judicial. Se convirtió en símbolo de la contradicción entre lo que se prometió —un gobierno austero, recorte de privilegios, combate a la “casta”— y lo que está aconteciendo: contratos licitados, sobreprecios, retornos y funcionarios vinculados al poder. En otras palabras: una corrupción clásica, en pleno siglo XXI, vestida con el traje del cambio.
1. Cuadernos y registros que confirman el sistema
El diario de las coimas argentinas —como los legendarios “cuadernos de Centeno” de otras épocas— reaparece. Esta vez, no en una obra pública, sino en el área de discapacidad. Allí aparecieron anotaciones manuscritas en el domicilio de Miguel Ángel Calvete, señalado como operador clave: nombres de empresas, columnas tituladas “Costos”, “Diferencias”, “2/3 partes”. Según la investigación, se trataba de una matemática brutal: cuánto costaba realmente el insumo, cuánto se pagaba, y qué fracción se redistribuía.
El aparato de compras de ANDIS, diseñado para asistir a uno de los sectores más vulnerables del país, aparece transformado en máquina de hacer dinero para otros.
2. De héroe del cambio a protagonista del escándalo
Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS y abogado personal de Javier Milei, es la punta de lanza: entradas al gobierno, contacto directo con el Presidente, y hoy eje del expediente. Su caída no es un simple relevo de funcionario: es la ruptura de la promesa.
Cuando el enemigo era la “casta”, él era parte de la nueva guardia. Hoy esa guardia está en el banquillo.
3. El rol de las empresas y la ruta del dinero
Empresas farmacéuticas, droguerías y operadores del sector salud aparecen como beneficiarios de licitaciones “acotadas”, diseñadas para direccionar. Según medios, los desvíos superan los $37 mil millones sólo en una parte de las maniobras dentro de ANDIS.
Uno de los datos más inquietantes: en el allanamiento a una firma vinculada al esquema, el secuestro incluye US$700.000 en efectivo en el domicilio de la hija del operador.
La ruta del dinero se bifurca entre licitaciones, pago de retornos, circulación de “cash”, criptomonedas y blindaje financiero. Todo apuntando hacia arriba.
4. Una crisis política que golpea al corazón del Gobierno
Cuando el andamiaje que se exhibe es el del cambio, la transparencia y la moral pública, que estalle una trama de esta magnitud equivale a un terremoto partidario. La figura del Presidente —que prometía limpiar la corrupción— está siendo evaluada por su credibilidad, no solo por sus cifras económicas.
Si el Estado que debía proteger queda capturado por el negocio de unos pocos, la moral oficialista se desploma.
5. ¿Una operación aislada o un sistema institucionalizado?
La cuestión que nadie del poder quiere responder es si esto fue “un puñado de funcionarios” o “un sistema organizado”. Las pruebas hasta ahora muestran;
- Diseño de licitaciones con empresas fijas,
- Operadores que funcionaban como “directores paralelos”,
- Retornos mencionados sin tapujos,
- Complicidad de altos funcionarios.
- Entonces, no estamos ante un error administrativo: está ante una estructura sistemática.
6. Conclusión: la prueba de fuego del relato libertario
El caso ANDIS reúne todos los ingredientes clásicos de la corrupción argentina —y añade un matiz simbólico: el negocio centrado en la discapacidad, uno de los ámbitos esenciales del Estado.
Un gobierno que decía “menos estado, más ética”, hoy se ve obligado a explicar por qué el estado funcionó para lo contrario.
La investigación judicial avanzará, los allanamientos seguirán, pero en el plano político la batalla ya está dada: se juega la credibilidad, se juega el relato. Y en ese terreno, no valen excusas, ni distracciones. Sólo una respuesta seria, una sanción efectiva y una reconstrucción del sistema público podrían frenar la caída institucional.
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