Tras varios meses de reclamos y tensión latente, la Municipalidad de Río Gallegos finalmente alcanzó un acuerdo con los choferes de taxis y remises que adeudaban el pago de la inspección anual obligatoria, establecida por ordenanza municipal.
El beneficio consiste en una bonificación excepcional para quienes aún no regularizaron su situación, y representa un alivio económico clave en un contexto de tarifas planchadas y competencia desleal creciente.
La decisión fue resultado de un plenario de comisiones realizado en el Concejo Deliberante, donde participaron el Jefe de Gabinete, Diego Robles, la Secretaria de Gobierno, Sara Delgado, concejales y representantes del sector. También estuvieron presentes autoridades del Gobierno provincial, entre ellas María Sanz, jefa de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, y el Subsecretario de Transporte, José Maldonado.
“Destacamos la voluntad de diálogo del Municipio y la participación activa de los trabajadores del volante”, sostuvo Robles tras la reunión.
La medida llega en un momento en que el sector del transporte formal está claramente golpeado: aumentos en repuestos, pérdida de pasajeros, inseguridad y la presión creciente de plataformas digitales como Uber, que ya opera en Río Gallegos pese a no estar habilitada legalmente.
La bonificación fue interpretada por los choferes como una señal de contención frente a la falta de medidas más drásticas contra Uber. Desde el Municipio se evita hablar de confrontación directa, aunque se reconoce el avance de la aplicación en la ciudad como “una problemática que requiere actualización legislativa y no solo controles”.
“Los taxis tienen que cumplir con seguros, inspecciones, habilitaciones… y Uber entra por la ventana, sin nada de eso”, expresó un chofer durante el encuentro. La frase, que resonó fuerte en el recinto, resume el malestar de fondo.
El tema más caliente del debate fue, sin duda, el desembarco silencioso —pero efectivo— de Uber en la ciudad. Los choferes pidieron medidas urgentes para frenar la circulación de vehículos de la app, pero se toparon con limitaciones legales.
Los funcionarios provinciales explicaron que ni la policía de Santa Cruz ni el personal de Tránsito Municipal tiene facultades para detener, inspeccionar o interrogar a conductores y pasajeros, salvo con orden judicial.
Este vacío jurídico deja al Estado en una posición pasiva, que alimenta la sensación de competencia desleal entre quienes cumplen con todas las regulaciones y quienes operan por fuera del sistema. El mensaje fue claro: la política necesita actualizarse al ritmo de la tecnología.
Si bien la bonificación representa una pequeña tregua, lo cierto es que el conflicto de fondo sigue abierto. Desde el Municipio aseguraron que continuarán trabajando en mesas de diálogo para ordenar el sistema de transporte. Pero para los trabajadores, el tiempo corre.
“No es una guerra contra la tecnología, es una pelea por las condiciones justas. No podemos competir si las reglas no son las mismas”, advirtió uno de los referentes de los remiseros tras el encuentro.
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