Este jueves ingresó una nota firmada por representantes de taxistas y remiseros exigiendo una respuesta “favorable” del Municipio en un plazo de 24 horas.
De no obtenerla, adelantaron la posibilidad de iniciar una medida de fuerza. La nota reclama tres puntos clave: suspensión de la inspección anual de vehículos, eliminación de la plataforma Uber y modificación de la ordenanza municipal que regula el servicio de transporte público.
La reacción oficial no tardó. La secretaria de Gobierno, Sara Delgado, salió al cruce con una postura tajante:
“El municipio no obliga a nadie a tener una patente. Si quieren parar, pueden hacerlo. Pero que no se confundan: el problema no es el control, es que la gente no puede pagar un viaje”.
Diálogo en tensión: entre la convocatoria y el ultimátum
Hace dos semanas, Delgado y el director administrativo de Tránsito, Paulo Ortiz, se reunieron con choferes del sector para abordar las consecuencias del decreto presidencial que desreguló aspectos clave de la Ley de Tránsito, afectando directamente a quienes deben obtener licencias profesionales. Durante ese encuentro, el Municipio propuso abrir una mesa ampliada para buscar soluciones, pero los choferes avanzaron con una asamblea y presentación de un petitorio, que terminó derivando en una amenaza de paro.
“Tuvimos un diálogo de buena fe, pero eligen el conflicto y la amenaza. Eso no genera más usuarios, ni mejora el servicio”, remarcó Delgado.
Inspección y licencias: los puntos que tensan
Uno de los puntos más sensibles del reclamo es la suspensión de las inspecciones anuales. Desde el sector argumentan que el contexto económico no les permite afrontar los costos de mantenimiento. Pero desde el Municipio recuerdan que el año pasado ya se había hecho una excepción y que aún hay choferes que no cumplieron con lo firmado.
“Es nuestra obligación garantizar la seguridad de quienes usan el servicio. El que no pasa la inspección, queda fuera de circulación”, sentenció la secretaria.
También volvió a la escena el viejo reclamo sobre Uber, la plataforma digital que opera de forma irregular pero con creciente aceptación entre usuarios por su bajo costo.
“Nos pidieron que pongamos inhibidores, como si eso fuera posible. Ya lo hablamos mil veces: es un fenómeno global, no hay un solo municipio que haya logrado impedir su ingreso. La gente lo elige porque es más barato, aunque sea inseguro”, señaló Delgado.
La ordenanza, el control y la narrativa del conflicto
Otro eje del conflicto es la modificación de la ordenanza municipal. Según explicó Delgado, el reclamo apunta a eliminar el control del Municipio sobre las licencias, lo cual no está en discusión:
“No vamos a desregular. Lo hablamos el año pasado, acordamos puntos y tampoco los cumplieron. Siempre estuvimos abiertos al diálogo, pero no vamos a legitimar amenazas”.
La funcionaria también reveló que asistió personalmente a una asamblea realizada en la costanera, donde fue increpada por choferes. “Reclamaban que el Municipio no actuaba, cuando la verdad es que desde hace años venimos acompañando al sector. Pero todo el tiempo se niegan a reconocer que el problema no es el Estado, es que la demanda se desplomó”, dijo.
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