El gobierno de Javier Milei avanza con su agenda de desregulación y autorizó el autodespacho de combustible en las estaciones de servicio de todo el país.
La medida, según el oficialismo y la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA), representa un “cambio cultural” que permitirá un “precio diferenciado más bajo”. Sin embargo, detrás del aparente beneficio para los consumidores, surgen dudas sobre sus implicancias laborales y de seguridad.
¿Un ahorro real o una estrategia discursiva?
El Gobierno sostiene que la reducción de costos operativos para las estaciones de servicio se traducirá en precios más bajos para los consumidores. Pero, ¿es esto un hecho o una suposición? En mercados desregulados, la reducción de costos empresariales no siempre se traslada a los precios finales. Un caso paradigmático es el de la desregulación del mercado aerocomercial en Argentina, donde las low-cost ofrecieron tarifas más bajas inicialmente, pero luego incrementaron costos por servicios adicionales.
En los países que se mencionan como referencia (Estados Unidos, Europa, Australia), los precios de combustibles no son necesariamente más baratos por el autoservicio. La estructura impositiva y los costos logísticos tienen un mayor impacto en el precio final que la presencia o ausencia de playeros. ¿No será esta una forma de instalar una narrativa pro-mercado sin garantizar realmente el beneficio económico para los usuarios?
Impacto en el empleo: ¿eficiencia o precarización?
Otro punto clave es el impacto laboral. Si bien CECHA asegura que los playeros seguirán cumpliendo un rol fundamental, la experiencia internacional muestra que la automatización de tareas suele traducirse en pérdida de empleo. Según datos del Ministerio de Trabajo, en Argentina hay más de 60.000 trabajadores en estaciones de servicio. ¿Cuántos puestos podrían estar en riesgo con la implementación masiva del autoservicio?
Los gremios aún no se han manifestado con contundencia, pero históricamente resistieron medidas que atenten contra los puestos de trabajo. En provincias como Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, existen leyes que impiden que personas ajenas al personal operen los surtidores. ¿Acaso esta normativa será revisada en favor de la nueva política de desregulación?
¿Qué dice la legislación sobre seguridad?
Un punto fundamental y que no se menciona en el anuncio es la seguridad. El manejo de combustibles implica riesgos que requieren capacitación y protocolos estrictos. En Estados Unidos, donde rige el autoservicio, hay estados como Nueva Jersey y Oregón que lo prohíben por razones de seguridad. ¿Se garantizarán en Argentina los estándares adecuados para evitar accidentes y garantizar la protección del consumidor?
¿Quién gana con el autoservicio?
Más allá de la retórica sobre modernización y cambio cultural, es importante preguntarse quiénes serán los verdaderos beneficiarios de esta medida. Si no hay una regulación clara que garantice el beneficio en los precios y la estabilidad laboral, podríamos estar ante una política que favorece más a las grandes cadenas de estaciones de servicio que al usuario promedio.
¿Es este otro paso en el camino de la flexibilización laboral y la pérdida de derechos en nombre de la eficiencia? ¿O realmente veremos una reducción significativa en los precios que justifique el riesgo de desprotección laboral? Como siempre, la clave estará en la implementación y en el control que se haga de la medida.
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