Andrés Vázquez, jefe de la Dirección General Impositiva (DGI) designado por Javier Milei, desató una ola de críticas al promover a su pareja, María Eugenia Fanelli, al frente de la Dirección Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires.
Este ascenso, oficializado el 1 de noviembre de 2024 mediante la Disposición 182/2024, generó una fuerte indignación no solo por las irregularidades en el proceso, sino también por el salario asignado a Fanelli, que rondaría entre los 7 y 8 millones de pesos mensuales.
Ascenso exprés en un puesto estratégico
Fanelli, quien previamente ocupaba un cargo de menor jerarquía, fue promovida a una de las áreas más relevantes dentro de la DGI, encargada de fiscalizar a empresas medianas y grandes con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. La designación implicó el desplazamiento de Luciano Botto Rostom, anterior titular del área, quien fue transferido a la Regional de Mercedes.
Este ascenso, que ignoró los procedimientos administrativos habituales y a otros funcionarios con más experiencia, disparó reclamos dentro y fuera del organismo. “Saltó varios rangos sin explicación clara. Esto afecta la moral y profesionalismo en la institución”, indicó una fuente de la DGI que prefirió el anonimato.
Bienes no declarados en el exterior
El escándalo se agrava por las denuncias previas contra Vázquez, quien es investigado por no declarar bienes en el exterior. En 2013, adquirió tres departamentos en Miami valuados en más de 2 millones de dólares, de los cuales aún posee dos inmuebles que no fueron consignados en sus declaraciones juradas obligatorias.
La investigación fue revelada por La Nación, CLIP y el ICIJ, destacando que los bienes fueron adquiridos a través de sociedades offshore. Esta omisión viola la ley de ética pública que exige transparencia en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.
Un historial cargado de irregularidades
Las denuncias por bienes no declarados no son nuevas para Vázquez. En 2022, fue sobreseído en una causa por cuentas en paraísos fiscales como Curazao y Luxemburgo con un saldo cercano a medio millón de dólares. El fallo, dictado por el juez federal Ariel Lijo –propuesto por Milei para integrar la Corte Suprema–, generó dudas al basarse en la falta de cooperación de los paraísos fiscales.
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