“Rascar la olla”: El golpe de Milei a la soberanía alimentaria y el beneficio histórico para los agroexportadores

Realizado por el Programa de Estudios Regionales y Territoriales de la UBA entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el trabajo muestra que, mientras los alimentos básicos se encarecen drásticamente, el complejo agroexportador registra ganancias astronómicas. El precio de un plato de guiso subió un 151%, y las empresas del sector multiplicaron sus ganancias hasta en un 4900%, revela el documento en el marco del proyecto "Todo Alimento es Político".

El estudio analizó 111 políticas recientes sobre producción, acceso y apoyo gubernamental, evidenciando un aumento en los precios que impacta sobre los alimentos básicos: con un salario mínimo hoy se pueden comprar 118 platos menos que hace un año, mientras que la Tarjeta Alimentar alcanzaba para 74 platos de guiso y hoy solo cubre 54.

Consumo en baja, ganancias en alza

El consumo de alimentos en supermercados y autoservicios mayoristas cayó hasta un 16%, especialmente en bebidas, lácteos, carnes, frutas y productos de almacén. En paralelo, empresas del sector alimentario y del agro incrementaron sus beneficios: 1300% para el sector alimenticio y hasta 4900% para el agroexportador en menos de un año. El informe señala: “las decisiones del gobierno han dificultado que se pueda comer bien” y advierte sobre tres tendencias preocupantes: la concentración del sector agroalimentario, la eliminación de políticas de apoyo a la Agricultura Familiar Campesina Indígena (ACFI), y el retiro del Estado de la asistencia alimentaria.

La ACFI, que durante más de dos décadas brindó apoyo a pequeños productores, fue una de las áreas más afectadas. Ejemplo de ello es la eliminación del programa Pro Huerta, un proyecto de más de 30 años que fomentaba la autosuficiencia alimentaria y el trabajo comunitario. Además, el gobierno congeló iniciativas de mercados de cercanía y canceló programas de educación nutricional, generando un impacto directo en los sectores más vulnerables.

Desmantelamiento de políticas y prohibiciones a la investigación

El informe denuncia la creación de normativas que favorecen a grandes grupos económicos en detrimento de la producción sustentable y la investigación científica. En estos meses, se autorizaron nuevos eventos transgénicos de soja y maíz, se implementó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y se prohibió al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) investigar temas vinculados al cambio climático, sustentabilidad y agroecología. Estas medidas se suman a la eliminación de regulaciones clave como la Ley de Radicación de Establecimientos de Yerba Mate, el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Durante este período, la inflación de alimentos fue del 111%, pero la participación del productor en el precio final de sus productos cayó, pasando del 12% en marzo de 2023 a un escaso 5-8% en junio de 2024. En cuanto al consumo popular, se eliminaron políticas comunitarias y se reforzaron solo las asistenciales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan de los 1000 días, medidas que el informe considera insuficientes para enfrentar la creciente pobreza.

“El aumento de la pobreza y la indigencia en el primer semestre de 2024 muestra que este refuerzo de ingresos fue insuficiente para contrarrestar la recesión”, advierte el trabajo. Asimismo, el informe concluye que estos cambios provocaron cierres en comedores y huertas comunitarias, donde han disminuido las porciones y los días de atención, dejando de recibir semillas y apoyo técnico que son cruciales para el sustento de las redes de ayuda alimentaria.